En Sesión Extraordinaria de Cabildo que se celebró a la una de la mañana de este 10 de julio 2013, la cual fue convocada de urgencia derivado de una notificación a Cabildo por parte del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit para que este órgano de gobierno conminara al alcalde, Rafa Cervantes a cumplir con sentencia de pago por convenio con el contratista, Jorge Olvera. A favor votaron 9 regidores y 5 en contra.
Por Paty Aguilar
Debido a un mandato judicial por parte del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit dentro del expediente 233/2010, el Cabildo de Bahía de Banderas, fue notificado para que conminar al presidente municipal, Rafael Cervantes Padilla, a cumplir con la sentencia de pagar mensualidades vencidas que fueron pactadas con el contratista Jorge Olvera Corona, bajo un contrato celebrado el 22 de noviembre del 2011, por la obra del Sistema de Riego Automatizado de la carretera 200 y para tal efecto, se les dio un plazo de 24 horas para responder a este Tribunal, es por ello que de manera urgente, se convocó a Sesión Extraordinaria de Cabildo que se celebró a la una de la mañana de este miércoles 10 de julio.
Con la fecha en mención, dicho contrato fue firmado por el presidente municipal de Bahía de Banderas, Rafael Cervantes Padilla, el Síndico, Armando Campos, el Ex Secretario, Rogelio Covarrubias, el Tesorero Municipal, y Jorge Olvera como contratista por la cantidad de 36 millones 559 mil 859 pesos con 77 centavos, cifra abultada que precedió de un adeudo inicial de poco más de dos millones de pesos que se le quedó a deber al contratista por la obra que originalmente costó casi 14 millones de pesos contratada durante el trienio de Jaime Cuevas y que aumentó a casi cinco millones de pesos durante los tres años de administración del ex alcalde, Héctor Paniagua Salazar, quien se negó a pagar por ello, el contratista entabló un juicio contra el Ayuntamiento, el cual al final del día ganó y a través de una orden judicial se ordenó al Ayuntamiento el pago correspondiente, resolución judicial que le tocó a Rafael Cervantes, cumplirla.
Es por ello, que se elaboró este contrato por la cantidad antes mencionada, el cual, en su momento fue cuestionado por la regidora, Mariel Duñalds, alrededor del mes de diciembre del 2011, llamándolo irregular al darse cuenta que este no había pasado por Cabildo tal y como lo marca la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, y dado que el alcalde y el Cabildo hicieron caso omiso a su observación, promovió la primera demanda de Revocación de Mandato contra el alcalde al principio del año 2012. Meses después, en una Sesión de Cabildo, ante propuesta del alcalde y tras reconocer la irregularidad del contrato, se cancelaron los pagos mensuales pactados con el contratista en dicho contrato, motivo por el cual, interpuso una demanda ante el Tribunal de Justicia Administrativa para que el presidente municipal cumpliera con lo estipulado.
Bajo el expediente 233/2010, finalmente, el contratista logró que se le diera la razón jurídica bajo una sentencia que obligaba al alcalde a pagar lo pactado, mismo que desacató, por tal motivo, el Tribunal giró instrucción a Rafael Cervantes, para que destituyera al Tesorero y lo requirió a pagar lo pactado, lo cual no cumplió y tampoco destituyó al Tesorero. Ante este desacato, con fecha 9 de julio 2013, se apercibió al Cabildo como superior jerárquico del alcalde, para que este lo conminara a cumplir la sentencia y para ello le dio 24 horas de plazo. Por tal razón fue se convocó de manera urgente a una Sesión de Cabildo Extraordinaria que se celebró a la una de la mañana del día 10 de julio para tratar este asunto, el cual fue votado a favor por parte de 9 regidores, incluido el alcalde y el Síndico y cinco en contra, entre ellos, la regidora, Mariel Duñalds, quien propuso que aparte de conminar al alcalde a cumplir la sentencia, quedara asentado en acta, que el cumplimiento de pago de dicho contrato era responsabilidad personal de quienes firmaron y no del Ayuntamiento como institución, puesto que dicho contrato no fue analizado ni aprobado por Cabildo, por lo tanto, sostuvo, se trata de un contrato entre particulares.
Sin embargo, la observación de la regidora, no fue tomada en cuenta. Los otros cuatro regidores, Héctor Pimienta, Griselda Quintana, Milton Martínez y José Gil Calleja, votaron en contra porque el punto de acuerdo se propuso de manera general y no especifico, es decir, que mencionara directamente quién debía de pagar lo pactado, pero tampoco fueron escuchados. Fue en estos términos como Cabildo atendió la orden judicial.