*La Comisión de la Verdad denunció que el gobierno federal pone trabas para que se avance en las investigaciones sobre desapariciones, asesinatos y actos de tortura cometidos con el aval del aparato de Estado en los setentas.
La Comisión de la Verdad, creada para investigar los crímenes de la guerra sucia de los setentas denunció que el gobierno federal no quiere abrir los expedientes que se necesitan para esclarecer desapariciones, asesinatos y actos de tortura cometidos con el aval del aparato de Estado.
Enrique González Ruiz, Arquímedes Morales Carranza, Hilda Navarrete Gorjón, Pilar Noriega y Nicomedes Fuentes, lamentaron que a pesar del empuje que hay en la población para que se conozca la verdad histórica de lo ocurrido durante la guerra sucia, en el gobierno federal existe resistencia para que se avance en dicha materia.
Indicaron que la falta de castigo en los casos que se han documentado, genera la impunidad que alienta a otros actores de la vida pública encumbrados en los tres niveles de gobierno para cometer abusos contra la sociedad.
Nicomedes Fuentes, señaló que este es uno de los últimos esfuerzos que se realizan para conocer lo que pasó con cientos de ciudadanos desaparecidos y asesinados, por lo que el Estado debe aprovechar la oportunidad para mandar el mensaje de que no protege a los responsable de crímenes de lesa humanidad.
Indicó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las asociaciones de familiares de desaparecidos y hoy el Congreso local, han tenido un aporte importante en la búsqueda de la justicia.
Uno de los principales logros que se tienen, de acuerdo al sobreviviente de la guerra sucia, es el hecho de que se haya reconocido el 30 de agosto como día del desaparecido político, situación que implica un reconocimiento institucional de agravios cometidos contra la población.
Para avanzar, dijo que se necesita voluntad en los tres niveles de gobierno, en primer lugar para que ese tipo de hechos no se vuelvan a presentar, además de que se sancione a los responsables.
Hoy que el Ejército y la Marina Armada de México emprenden la persecución de las policías comunitarias que existen en la entidad, dijo que se debe tener mucho cuidado para evitar que se registren escenarios similares al de la década de los setentas.
Enrique González Ruiz lamentó que la Procuraduría General de la República (PGR) se niegue a desclasificar documentos que son importante para facilitar la aplicación de la justicia, lo que contrasta con el discurso de apertura que en su momento asumió frente al caso la administración federal vigente.