Vecinos se manifiestan en contra de la construcción de una gasolinera y conjunto habitacional de departamentos, a pocos metros de la ribera del río Pitillal
Por Mauricio Lira Camacho
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Existe descontento de de vecinos, por la construcción de una gasolinera y un conjunto habitacional de departamentos, esto a pocos metros de la ribera del río Pitillal.
Casi frente al conjunto de Ex Haciendas del Pitillal, estando de por medio la avenida Las Torres, linderos con prolongación camino a la colonia Del Toro.
El problema de la existencia de gasolineras en zona urbana, al igual que en otros puntos del país, es una constante en el municipio de Puerto Vallarta.
La falta de un reglamento de instalación de gasolineras en este balneario, ha provocado junto con la complicidad de autoridades de los tres niveles de gobierno, que se haya desatado un boom de este tipo de negociaciones, poniendo en riesgo la integridad de las personas y núcleos familiares.
Los casos más recientes de riesgos aquí, se dieron con la anuencia de este tipo de negocios de acumulamiento de combustible y expedición de gasolina en avenida México inmediaciones del fraccionamiento Villas Universidad II, así como en camino a la central de camiones, en la colonia Paseos Las Palmas.
De igual forma la estación de gasolina en el barrio Santa María, en estos casos, la gravedad ocurrió pues los permisos fueron otorgados aparentemente fuera de toda norma y legislación.
No se contó con la anuencia de la junta vecinal de determinada demarcación, o lo que hizo en su momento la dirección de desarrollo fue haber alterado las firmas de residentes habiéndoles mentido, pues el fin sería otro y no por el cual estrictamente como uno de los requisitos, era indispensable para el otorgamiento de estas licencias de operación.
En el gobierno de Ramón Guerrero, actualmente en movimiento ciudadano, por Puerto Vallarta, recibió herencias de compromisos y acciones de los gobiernos priistas de Javier Bravo Carbajal y de Salvador González, a través de las direcciones de planeación urbana correspondiente, esta tarea incluía que las licencias se habían otorgado al final de sus administraciones, en el caso de la más reciente del oriundo de la delegación de Ixtapa, la ejecución era inminente desde el primero de enero del año pasado.
La procuraduría social municipal, a cargo de Juan Hernández, nunca pudo hacer nada para revirar el descontento de algunos ciudadanos inconformes.