Autoridades educativas del colegio en Valle Dorado, condicionan reinscripción, acatando pago para piso en escuela Diego Rivera
Por Mauricio Lira Camacho
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A los padres de familia que no aportaron cuota, cero documentos educativos.
El letrero colocado afuera de la escuela “Diego Rivera” en Valle Dorado, en el municipio de Bahía de Banderas en Nayarit, es directo y contundente.
“Aviso 1 De acuerdo con lo establecido en la última junta del grupo No se entregará documentación a los papás que no den la aportación para poner el piso, Gracias”.
Esta es una condicionante para que alumnos, cuyos padres de familia no paguen lo acordado, sus reinscripciones están en suspensión.
Madres de familia, con alumnos en este colegio educativo, se encontraron esta mañana con la sorpresa de que no tienen segura la reinscripción para este próximo ciclo.
Refieren que quienes ya pagaron incluso no tienen seguros a sus menores en el plantel, y el problema se agrava pues los padres de familia que no han pagado, no se preocupan pues tienen palancas.
Es el problema de las cuotas que dicen son voluntarias, pero que en la práctica son obligatorias, para garantizar así la reinscripción.
Algo que dicen traía en parte la reforma educativa recientemente aprobada y promulgada oficialmente por el entonces presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, ratificada por el actual Enrique Peña Nieto.
Cabe destacar que la comisión nacional de los derechos humanos, ha fijado su postura de siempre respecto a estas condicionantes que ponen escuelas públicas en el país, lo cual es improcedente
La CNDH sustenta, quien esto resuelve estima pertinente asentar que si partimos de la premisa de que la educación (pública) es de orden público, es inconcuso entonces que no se puede condicionar ni negar por el hecho de no pagar una cuota de dinero, esto es, resulta irregular que en algunas escuelas públicas se exija una cuota eufemísticamente denominada “voluntaria” o una aportación, tan es así que el artículo 3º de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala en lo conducente: “Todo individuo tiene derecho a recibir educación; el Estado-federación, estados, Distrito federal y los municipios-, impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La educación preescolar, primaria y la secundaria conforman la educación básica obligatoria: IV.- Toda educación que el Estado imparta será gratuita”; sin embargo, y a pesar de que así se establece por mandato expreso de la Ley fundamental, este Organismo es sabedor de que en algunas escuelas públicas se exige por parte del personal administrativo o docente “cuotas voluntarias” y, en este sentido, no existe motivo alguno para que autoridades, directivos, personal docente o administrativo de escuelas públicas, dejen sin el servicio educativo a niñas y niños, con el pretexto del pago de cuotas fijadas por las asociaciones de padres de familia. Es decir, la conducta antes descrita se trata de un aspecto que ha sido motivo constante de quejas por parte de los padres de familia, pues no conforme con afectar su peculio, también son condicionados o amenazados con no entregarles las boletas de calificaciones de sus hijos o no inscribirlos en el siguiente ciclo escolar; de manera tal que -ante esa coerción-, no les queda más remedio que cubrir las cuotas requeridas, amén que en muchos de los casos no existe la debida claridad sobre el destino de los recursos recaudados por las sociedades de padres de familia.