* Asimismo, sancionan con 100 salarios mínimos a Presidente Municipal, Síndico, Secretario y Tesorero por omisos. Dice José Gómez, que la decisión judicial fue en contra de su voluntad. Ya llegó al agua a los aparejos al alcalde, José Gómez.
Por Paty Aguilar
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Al alcalde de Bahía de Banderas, José Gómez Pérez, ya le empezaron a repercutir las erróneas decisiones que tomó al inicio de su mandato cuando anunció que no pagaría adeudos de la administración a menos que se lo ordenara un juez, motivo por el cual, los proveedores empezaron a demandar los pagos vía judicial y los resolutivos ya empezaron a salir, en esta caso específico, se trata de la gasolinera Octano, empresa a la que por orden judicial, deberá pagar 25 millones de pesos.
Asimismo, también el juez ordenó una sanción por 100 salarios mínimos para el Presidente Municipal, José Gómez, Síndico, Mónica Saldaña, Secretario, Alcantar y el Tesorero, Carlos Alfredo Ríos, por omisos y desacato. Esta información la dio a conocer el alcalde este viernes 27 de mayo, durante una reunión previa a la Sesión de Cabildo que se celebrará el próximo lunes 30 de mayo 2016.
En su muro del Facebook, el alcalde, señala que se analizaron varios puntos de la administración pública, en particular, dice “la cuestión jurídica que guardan varios asuntos judiciales en contra del ayuntamiento, a mis compañeros regidores les llamo la atención saber que el juicio de grupo octano contra el ayuntamiento, avanzo a tal grado de que hay orden judicial del pago inmediato de 25 millones y una sanción de 100 salarios mínimos para presidente, sindico, secretario y tesorero; en tal reunión de trabajo les informe que habrá que pagar la sanción, pero, eso no exime del cumplimiento a la orden judicial y pago de la demanda”
Tal decisión dice, fue “en contra de mi voluntad, pero ya lo determinó un juez y siendo respetuoso de esta autoridad, habrá que cumplirse en la medida de lo legal, bajo un convenio, en abonos, terrenos en pagos, en fin».
«Esto sin dejar de lado los señalamientos de tantas irregularidades que pese al caso judicial tan avanzado a esta administración no nos restó más que bajar los intereses, multas y otras penalizaciones, es decir, como desde el primer día de mi gobierno y hasta ahora, a los más de 20 meses, no solaparemos nada, nada ocultaremos y si pagaremos lo que emanado de una orden judicial se ordena, como es el caso en este juicio y otros más, con la confianza de que las autoridades correspondientes de la vigilancia de los recursos públicos y transparencia en su aplicación llame a cuentas a quien bien o mal los haya manejado, nosotros en esta administración a esta misma empresa le hemos consumido 20 millones del mismo servicio por los que hoy adeudamos 25».
«Es decir, pagaremos lo que otra administración nos heredó, lo que esta administración ha consumido, no se adeuda nada, hemos ido pagando día a día, les pagaremos porque se nos han ordenado de manera judicial, esperando seguimiento a nuestras denuncias y observaciones ante la autoridad correspondiente respecto a este juicio administrativo y otros casos judiciales similares, muchos de los cuales hemos defendido bien, ahorrando mucho dinero al municipio porque es nuestra obligación, pero, en otros casos la situación era de casos indefendibles pues ya había firmado reconocimientos de adeudos, finiquitos de obligaciones y convenios elevados como cosa juzgada, para ser más claro, donde de manera irresponsable la parte jurídica en el ayuntamiento obedecía a intereses ajenos a la administración pública y consentimiento o ignorancia del cabildo de la administración municipal del VIII ayuntamiento”. Hasta aquí lo dicho por el alcalde a los regidores y Síndico.
Cabe mencionar, que todo lo que dejó de pagar el alcalde, por supuesto que los adeudos aumentaron por el cobro de intereses, sanciones y uso de recurso humano del IX Ayuntamiento para evitar en lo posible el pago de sendos adeudos durante su administración pero la realidad lo alcanzó y quien debe pagar será los contribuyentes de Bahía de Banderas, lo que está generando un descalabro económico al erario del Municipio por su negligencia y omisión.