Extorsiones de alumnos a sus compañeros a cambio de permitirles el uso de los sanitarios o su estadía en algún sitio del plantel, son algunas de las modalidades de acoso escolar que han sido detectadas por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).
A través de la creación de la Unidad de Investigación del bullying o acoso escolar de la dependencia, se dio a conocer que algunas formas de esa problemática deriva en actos catalogados como delitos.
Lesiones, amenazas, abuso sexual y discriminación son los principales hechos delictivos que cometen menores de edad contra sus compañeros de clases, pero hay muchos más.
El fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes, Mauricio Ferman, indica que el 30 de marzo fue inaugurada dicha unidad especial que busca evitar el bullying, pero sin darle trato de delito.
“Su tipificación sería muy difícil y se criminalizaría a los estudiantes de algo que como padres tenemos la culpa.
“Estaríamos criminalizando a los jóvenes en su forma de relacionarse; el bullying, como tal, tiene múltiples derivaciones que pudieran entrar en la esfera jurídico-penal, como lesiones, amenazas, violencia familiar, a veces el robo, daño, homicidio, tentativa de suicidio y esas consecuencias complican el poder tipificarlo”.
De ser necesario, la dependencia podrían realizar la sanción correspondiente a través de esas figuras delictivas, siempre y cuando el agresor tenga 12 años de edad (y 14 para ingresar a un centro de internamiento).
Pero hay casos que se parecen mucho a situaciones en las que los adultos viven del delito, como las extorsiones que hacen estudiantes por permitir a otros entrar al baño.
“No siempre son cobros de dinero, puede ser una torta, el lonche, o alguna golosina”, comenta el fiscal.
También hay otros hechos que no se equiparan a conductas delictivas como es el mirar feo, lanzar habladas, tirarle algún alimento a los estudiantes u otras situaciones que también merman la seguridad de los chicos.
Hostigamiento
Cansado de ser acosado por sus compañeros de clase y por su propia maestra de secundaria, en marzo pasado, un adolescente de 13 años, ingirió un litro de líquido destapacaños.
El menor padece de incontinencia urinaria y su enfermedad generaba que pidiera permiso para ir al sanitario con mucha frecuencia. Ello causaba las burlas de su profesora, quien azuzaba al resto de los alumnos a reírse de él.
Al tomar la sustancia tóxica, el menor perdió sus cuerdas vocales y con ello la capacidad para hablar de por vida. El caso fue denunciado y se inició una averiguación previa que está pendiente por consignar contra la docente, por violencia familiar equiparada y ejercicio ilegal del servicio público.
También se analiza sancionar a dos alumnos, pero aún no se aclara cuál sería la conducta delictiva que se les imputará a los estudiantes.
Ese, indica el fiscal, será un caso paradigmático, porque es de los primeros actos de bullying sancionados en la ciudad de México.
Reflejo de la sociedad
El funcionario de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal explica que a partir de la creación de la unidad investigadora del bullying, detectaron que los alumnos agresores y las víctimas reflejan la violencia familiar que viven en sus casas.
“Detectamos que el acoso escolar es la continuidad de agresiones, del abandono que se vive en el seno familiar; entonces eso se acentúa en la escuela, donde también se han perdido muchos valores porque los maestros se olvidan de la parte afectiva y de la formación integral de los niños.
“El agresor generalmente asume el papel del dominante, que muchas veces es ejemplo del actuar de su padre, y la víctima, asume el rol sumiso, que la mayoría de las veces es el de la madre”, aseguró el fiscal.
De marzo a septiembre pasado se interpusieron 278 denuncias por acoso escolar; casi todas las acusaciones son realizadas por los padres de las víctimas y de éstas, 58 provienen de escuelas privadas en la ciudad.
“La mayoría de las agresiones son verbales, que vulneran mucho más a los menores de edad, porque no saben defenderse de ello. De una agresión física sí, porque la mayoría responde de la misma manera, no así del insulto” dice Mauricio Ferman.
Al interponerse una denuncia, se canaliza a las víctimas y a los agresores a centros de atención de la PGJDF.
Padres, acusados y ofendidos van de la misma manera a pláticas contra la violencia familiar.
“Y es ahí en donde se da un trato puntual al tema, porque no se trata de venir y consignar, sino de dar una orientación, una contención a víctimas como a los agresores”, asegura.
El fiscal señala que no se contemplan sanciones en caso de que los acusados falten a sus terapias, aunque que casi siempre, al ser señalados, cesa su comportamiento hostil, afirma.