• Hay alrededor de mil hectáreas invadidas en el Ejido de San Juan de Abajo, además la mesa directiva está impugnada mediante juicio agrario 797/2010, por lo tanto de acuerdo a la ley está impedida para entrar a la certificación y regularización, la queja se presentó ante el RAN y el proceso de certificación se detuvo
Por Paty Aguilar
Hace como dos meses, en Asamblea General del Ejido de San Juan de Abajo, convocada la Procuraduría Agraria de Nayarit, se autorizó la solicitud de la regularización de parcelas a través del programa FANAR, Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin Regularizar de la Secretaría de la Reforma Agraria, pero en dicha Asamblea, Ariel Piñón Chávez, dio a conocer que tal solicitud era improcedente porque este Ejido tiene más de mil hectáreas invadidas por particulares, sobre todo el área del cerro de la ampliación y la mesa directiva que en estos momentos representa el Ejido está impugnada mediante el juicio agrario 797/2010, por ello, de acuerdo a la ley están impedidos para esta regularización y se hizo caso omiso a tal observación, incluso no se plasmo en el acta de Asamblea, mencionó.
Ante esta situación, dio a conocer Ariel Piñón Chávez, que se presentó una queja ante el RAM, Registro Agrario Nacional y también ante la Procuraduría Agraria a nivel Nacional mediante correo electrónico. Como resultado de estas gestiones, en la ciudad de Tepic, este 7 de julio 2012, la delegada estatal del RAN en Nayarit, Alma Angelina, le informó que el proceso de certificación se detuvo en función de las anomalías y las pruebas que se presentaron como las copias de dos demandas que existen en el Tribunal Unitario Agrario 19, la impugnación de la mesa directiva y el juicio donde se ventila la forma irregular e ilegal como se distribuyó el recurso de las expropiaciones de canales de riego que se afectaron en el Ejido de San Juan de Abajo.
Finalmente, señaló Ariel Piñón, que la pretensión de parte de la actual mesa directiva, la cual está controlada por Julio Larios García, era regularizar al vapor las 1700 hectáreas vendidas en forma ilegal “nosotros no pretendemos desconocer las compra ventas que se han hecho porque la mayoría fueron de buena fe, lo que pretendemos es que se regularicen bien. El Ejido debe de cobrar una aportación del 15 por ciento del costo de la venta hacia el Ejido y esa participación no se ha cubierto, si se cubrió pero para los bolsillos de los dirigentes en turno, y no se ha dado a conocer en ninguna acta de Asamblea ni una sola venta del Ejido, salvo de un servidor que en el año 1996, compré una parcela y yo exigí que se asentara en un acta de Asamblea porque así lo marca la ley” concluyó.