Activistas ecologistas y de organismos no gubernamentales, demandan mayor presencia de autoridades federales.
Por Mauricio Lira Camacho
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Activistas ecologistas y de organismos no gubernamentales, demandan mayor presencia de autoridades federales.
Lo anterior para solucionar problemas de contaminación que se han presentado recientemente.
Como primer punto el de los focos rojos que se prendieron en el Gavilán con la construcción de la celda emergente para la recepción de la basura.
Y en el Magisterio donde, es casi imposible ya el depósito de basura, pues la montaña está muy alta.
La falta de camiones y de personal, para la recolección de la basura origina que haya contaminación en esa zona, dando también pésima imagen, por la cercanía del actual basurero con la universidad del Valle Atemajac, UNIVA.
Además de la problemática que se presenta con la situación de las tortugas y los huevos que son robados para comercializar.
La suciedad en las playas que es otra de las constantes, no es atendida como se debiera de las autoridades de los tres niveles de gobierno.
Así se refiere la activista Rosa Limón, al afirmar que en Puerto Vallarta otro de los problemas es la destrucción de la montaña, tanto que afectó en el gobierno del priista, Gustavo González Villaseñor.
Cambios de uso de suelo que atentaron contra espacios verdes, de los que ni siquiera autoridades federales, dieron cuenta como se debiera.
No bastan las declaratorias del congreso del estado o de la unión, sino de la voluntad que muestre la administración municipal, en el sentido, de que como lo declaró Ramón Guerrero, haya una veda en esta administración de no otorgar permisos de construcción en la montaña.
Rosa Limón es una ferviente defensora de las áreas verdes de Puerto Vallarta y como muestra fue lo que hizo junto con otras activistas para que el estero no sufriera cambios hace poco más de una década.
Hoy la amenaza es la pérdida gradual de la montaña, sobre todo en el momento que al final de la administración de Salvador González, el proyecto Ameyalco salió a la luz pública, la ciudadanía y organismos sociales lo defendieron, al grado que ni siquiera entró como iniciativa para una consulta ciudadana, en el pleno del ayuntamiento.