Margarita Quintero, candidata a sindico municipal por el PAN, asegura que en este caso, hay cosa juzgada y la comuna deberá pagar
Por Mauricio Lira Camacho
NOTICIASPV
Caso juzgado, el ayuntamiento de Puerto Vallarta debe pagar al día de hoy, 70 millones de pesos, a los empresarios dueños del estacionamiento público subterráneo de El Pitillal.
Las causas, falta de cumplimiento de los compromisos, entre otros, cierre de calles aledañas a la plaza y la colocación de parquímetros.
Así lo asegura en entrevista, Margarita Quintero, candidata a síndico en la planilla del panista Humberto Muñoz Vargas.
Aseguró que los abogados de sindicatura y de la oficina del jurídico, del pasado y actual trienio descuidaron el asunto en términos legales, y la intención ahora es que la presente no pague y lo haga el siguiente gobierno municipal.
Margarita Quintero, candidata a síndico en la planilla de Humberto Muñoz Vargas, aspirante a la alcaldía de Puerto Vallarta, destacó que de origen hay un incumplimiento, porque se firmo un contrato de prestación de servicios en una concesión de la plaza de El Pitillal, donde hoy se erige un estacionamiento público subterráneo, otorgado en el gobierno priista, siendo presidente, Gustavo González Villaseñor.
En donde además, del estacionamiento en la delegación del Pitillal, existía el compromiso también de cerrar algunas calles para colocar parquímetros.
Derivado de este uno de los incumplimientos, porque en su momento el ayuntamiento no cristalizó dicho acuerdo, se promovió por los afectados una recesión de esta documentación.
Es decir, del contrato signado entre los empresarios y el propio gobierno municipal, encabezado por Gustavo González teniendo como síndico a Miguel Ángel Yerena Ruiz.
Quintero agregó, que los empresarios reclaman el pago de 18 millones de pesos por construcción 24 millones de pesos se quedaron pendientes, y hubo un peritaje de carácter contable donde se daba cuenta que la empresa estaba perdiendo un total de 5 millones de pesos anuales.
Al final la empresa gana el juicio se van a revisión, se confirma la sentencia, luego también el amparo y después a la revisión los que invierten ganan cada una de las instancias de este juicio.
Actualmente, se sabe que el ayuntamiento debe pagar por este concepto un total de 70 millones de pesos, de los cuales 30 millones de pesos se tienen que pagar un interés mensual de un millón y medio de pesos hasta en tanto se liquide.
En este asunto, existe el término cosa juzgada y la comuna debe pagar, confirma Margarita Quintero.