La regidora, Mariel Duñalds, presentará denuncia de hechos ante el Congreso del Estado.
Por Paty Aguilar
En la pasada Sesión de Cabildo, la regidora, Mariel Duñalds Ponce, cuestionó severamente el punto 6 del orden del día, presentado por el alcalde, Rafael Cervantes, sobre el análisis, discusión y aprobación en su caso del dictamen de la Comisión de Hacienda que tiene por objeto la invalidación del convenio suscrito con el Jorge Olvera Corona, relativo al pago de la obra denominada Sistema de Riego Automatizado y el convenio suscrito con Graciano Sovernigo Cavallin, en representación de la persona moral denominada Paradise Village Country Club S.A. de C.V., relativo a la devolución de pago de lo indebido, tras considerar la edil, que el Cabildo no es autoridad competente para invalidar convenios que no pasaron por su consideración y aprobación, tal y como lo establece la Ley Municipal para el Estado de Nayarit.
La regidora, precisó “los responsables y firmantes de dichos convenios, son el presidente municipal en quien recae la administración y mando sobre las direcciones en la presente administración y el Síndico quien debiera vigilar la legalidad de los actos que comprometen a la Hacienda Pública, por lo que deberá dársele vista al Congreso del Estado por lo grave de los actos realizados” solicitó al Cabildo la regidora, pero de nueva cuenta, los regidores hicieron caso omiso.
Ante esta situación, según dio a conocer su asesor jurídico, abogado, Enrique Téllez López, se dará a conocer al Congreso del Estado los hechos de manera detallada porque es la obligación legal de la regidora como parte de su función de vigilar el buen funcionamiento de la administración municipal, ya que en estas irregularidades cometidas por el alcalde y el síndico, Armando Campos, se informó debidamente a Cabildo y de lo cual, también la Contraloría municipal tuvo conocimiento, pero nada hizo al respecto para investigar y demandar en su caso a los funcionarios que participaron, dado que dicha dependencia está facultada para ello, sin embargo, estuvo y está supeditada a las indicaciones del alcalde, que obviamente, no le daría instrucción para que lo investigara y lo denunciara en su caso y esta pasividad de Contraloría es completamente ilegal, señaló finalmente el abogado.