Pablo Fuentes dueño del perro Payaso asesinado por Sergio René Tovar Romero, sentó precedentes en Puerto Vallarta y ahora esperan que también se castigue a jóvenes de Mojoneras
Por Mauricio Lira Camacho
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Pablo Fuentes espera que con su caso se siente precedente en castigo contra personas que maltraten animales, como sería el pendiente ahora en la mira de dos jóvenes de Mojoneras.
Fuentes acaba de ganar un juicio en contra de Sergio René Tovar Romero, persona que le mató su pequeño perro con lujo de violencia, la autoridad le fijó una multa de poco más de 19 mil pesos, cifra que pagó finalmente.
Se trata del maltrato y asesinato de un perro de nombre Payaso de la raza American Pitbull Terrier, del cual el autor intelectual fue denunciado por activistas, aun cuando no entraba en aplicación la ley de protección animal en Jalisco.
Aún así, procedió.
De esta manera, el afectado en entrevista con este medio, aseguró que se llegó hasta las últimas consecuencias, finalmente se hizo justicia.
Fuentes comentó que a lo largo de este tiempo, se ha enterado por medios de comunicación y redes sociales, respecto a castigos ejemplares que se han hecho en contra de ciudadanos en diversas partes del país, por maltrato a los animales.
El segundo caso de resonancia en la localidad fue el de dos jóvenes quienes ataron a una perrita con una soga a la que iban arrastrando a bordo de una motocicleta en avenida México y prolongación a Mojoneras.
Las lesiones que le causaron provocaron su muerte, la indignación social mediante redes sociales luego de que estos incitaran a testigos a que les tomaran fotos y videos, mostró un descontento de varias personas.
Algunas quienes interpusieron escritos de advertencia para prevenir el maltrato animal y una denuncia ante la fiscalía regional, instancia que deberá dar seguimiento a deslindar responsabilidades correspondientes.
Hoy algunos grupos de defensa a los animales y los que luchan para evitar cualquier maltrato, consideran que el caso de Pablo Fuentes, sentó precedente de que cualquier persona denunciada por estos delitos, debe pagar sin importar jerarquías y posiciones sociales.