* La denuncia, en primera instancia, también va dirigida a esta administración actual por “omisión” en la entrega- recepción y los que presentaron la querella ante la Oficialía de Partes de la Fiscalía General Zona Costa Norte fueron los regidores: Susana Carreño, Humberto Gómez Arévalo, Humberto Muñoz Vargas y Miguel Ángel Yerena Ruiz.
Por Lorena Moguel
NoticiasPV.com
Los únicos que se atrevieron a denunciar a la administración de Salvador González Reséndiz por presuntos actos de corrupción durante su gobierno fueron: Susana Carreño, Humberto Gómez Arévalo, Humberto Muñoz Vargas y Miguel Ángel Yerena Ruiz, el resto de los integrantes de la Comisión de Entrega Recepción no han aportado su firma a la denuncia que, en primera instancia va dirigida, a las acciones “omisas” del gobierno en turno, encabeza por Ramón Guerrero Martínez, según consta en la averiguación previa 4502/2013.
Dicha averiguación fue presentada el pasado sábado 28 de septiembre del 2013, y los únicos que faltan por firmar son: Agustín Álvarez Valdivia, Adrián Méndez, Otoniel Barragán y Oscar Ávalos, ya que en el caso de Javier “Pitas” Pelayo denunció a la Comisión, por considerar que la presidenta de la comisión, Susana Carreño, no le permitía ni hablar.
Sin embargo, para Yerena Ruiz, argumentó que quizá la renuncia de Pelayo fue por “miedo o instrucción, pero se separó de la comisión”.
En entrevista para NoticiasPV.com, el regidor del PRD, Miguel Ángel Yerena Ruiz, confirmó que “el sábado (28 de septiembre del 2013) se presentó la denuncia en la Oficialía de Partes de la Fiscalía General de Justicia del Estado. Lamentablemente sólo la hemos firmado cuatro regidores, necesitamos saber qué pasará con los otros cinco, porque ayer no hubo actividades”, dijo.
Confirmó el regidor del PRD que la denuncia se analizará con mayor detalle, misma que será ampliada en su contenido y para darle secuencia al asunto.
“Por estrategia legal no queríamos compartir la información, pero más duramos en presentarla que ya anda circulando en manos extrañas, pero a nosotros no nos importa eso, porque al final este asunto va a caminar. Espero que los compañeros que votaron al interior de la Comisión de Entrega Recepción suscriban la denuncia y si no vamos a seguirle con la misma, pero debemos hacer un escrito dirigido a la Auditoría Superior del Estado, porque de acuerdo al artículo 34 de la Ley de Administración del Estado de Jalisco y sus Municipios, el facultado para interponer este tipo de denuncias es la Auditoría Superior del Estado”.
TAMBIÉN DENUNCIARON AL GOBIERNO ACTUAL POR OMISIÓN
“Ellos –añadió– tienen la obligación de denunciar este tipo de posibles ilícitos y hasta la fecha están con las manos cruzadas, por lo que se tiene que presentar primero la denuncia de fondo y al final esperemos que en el Congreso no nos aten de manos, pero ya será bronca de ellos, porque en este asunto el ofendido es la sociedad de Puerto Vallarta, no son los regidores, sino la sociedad en su conjunto”.
Y es que, todo apunta que la denuncia se detendrá porque en el Congreso del Estado, el padre del hoy denunciado, Salvador González Reséndiz, forma parte de la bancada del PRI, es decir Rafael González Pimienta impedirá a toda costa que su “vástago” no sea enjuiciado por las autoridades, el único juicio que prevalecerá será el de la sociedad.
En opinión de Miguel Ángel Yerena, la presencia del padre de González Reséndiz en el Congreso “no se si será obstáculo o no porque la ASEJ será la que tiene la personalidad, de acuerdo al artículo 34 de denunciar este tipo de denuncias, pero será responsabilidad de ellos… en un momento dado creo que la autoridad tendrá qué actuar y estaremos detrás de ellos aportando todos los elementos probatorios para que se integre la averiguación que exige la diligencia, se cite a quienes o quienes resulten en la comparecencia pero en este caso tendrán qué declarar el presidente municipal actual (Ramón Guerrero), el presidente saliente (Salvador González Reséndiz), el contralor actual y saliente, y todos aquellos que forman parte de la Comisión también presentar su declaración sobre la entrega- recepción misma que a la fecha veo incompleta, irregular y omisa”.
Destacó en este caso que lo importante de todo esto que “ya se presentó la denuncia, necesitamos trabajar en lo que sigue y que verdaderamente nos informen del estado financiero actual de la administración y sobre todo que hayan sido omisos de que no nos presentaron una información real de lo que la autoridad saliente”.
TAMBIÉN ANALIZAN LA CONTRADEMANDA
En este contexto, Yerena Zambrano aclaró que se derogó la figura jurídica penal de calumnias y difamación, esto se convierte en daño moral “pero si no tenemos cuidado y le herramos al ejercicio de la acción penal que le compete al MP a través de la denuncia, ellos tendrán la posibilidad de demandarnos por daño moral, mismo que queda a consideración de la autoridad civil de cuantificarlo de quienes se dicen ofendidos de paso a los que están denunciando”.
Aclaró el abogado que ellos están presentando la denuncia en contra de quién resulte responsable, ”pero queda claro que son personas que formaron parte de la administración pasada y eso se puede revertir en una acción civil en que nos pueda demandar una reparación de daño que al final pueda ser de cien mil pesos hasta cuatro o cinco millones de pesos”.
“Por tales hechos nosotros tenemos que responder con nuestro propio peculio económico… por algo tienen bien identificada nuestra declaración patrimonial como funcionarios, pero corro el riesgo porque al final si existiera un procedimiento, estoy seguro y convencido de que vamos a pelear contra el aparato gubernamental, me queda claro.”
“Yo esa situación ya la viví, yo tuve la oportunidad de llevar el asunto del señor Rafael Yerena Zambrano, y me tocó pelear contra el gobernador Alberto Cárdenas Jiménez y logramos un resultado favorable, así que no me da flojera, tampoco es capricho, simplemente es una acción que tomamos”,
puntualizó.
En este sentido, aclaró que hay dos opciones que se dieron, “la primera es que estamos denunciando por la omisión cometida por la administración entrante por no informarnos y no haber hecho las cosas bien, porque aplicaron un reglamento derogado y en este caso vamos a ver por qué lo hicieron si por omisión, ignorancia, ya que la ignorancia de la Ley no te exime de la responsabilidad.
“Necesitamos –abundó– ver por qué lo hizo el Contralor, ya que hay un reglamento nuevo que se había publicado en septiembre del año 2012, aquí aplicaron el penúltimo Reglamento ya derogado… por lo que hubo omisión”.
“Al presidente, a través del pleno, se le ordenó que inicie con las auditorias y si el presidente (Ramón Guerrero) es omiso también le va a resultar responsabilidad porque se le instruyó por mayoría calificada que hiciera las auditorías externas e internas en la administración y a la fecha no nos ha informado nada”.
“De este caso tenemos qué tener un punto de acuerdo para solicitarle al presidente que ejecute su decisión que es toral porque es un decisión ordenada por el pleno”, subrayó.
PROCEDERÁN A LA AMPLIACIÓN DE LA DENUNCIA
Indicó que una vez que tengan los resultados de las auditorías se puede interponer una denuncia, “es a lo que me refiero debemos ser certeros para no errarle y no darles ningún margen de error para que las acciones que en un momento dado intenten revertirnos sean nulas de pleno derecho”.
Por lo pronto, ya denunciaron al gobierno de Salvador González Reséndiz, por presunta corrupción en su gobierno, pero en primera instancia la denuncia va dirigida también al gobierno de Ramón Guerrero Martínez, por omisión y no actuar en consecuencia.