Inspectores de reglamentos cesados, destaparon cloaca en reglamentos en donde acusan Ignacio Guzmán, Candelaria Villanueva y Luis E. Munguía protegen negocios
Por Mauricio Lira Camacho
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Inspectores de reglamentos cesados por Salvador Cuauhtémoc Villalobos, como parte del plan anti corrupción de Ramón Guerrero, destapan la cloaca y acusan que funcionarios y regidores protegen antros y negocios.
Es el caso de Ignacio Guzmán García, oficial mayor administrativo, los regidores de Movimiento Ciudadano, Candelaria Villanueva y Luis E. Munguía, éste último propietario del antro en el centro, de nombre 322.
Existe proteccionismo en otras áreas en donde inspectores no pueden entrar y persiste aún hoy en día la cuota de hasta 4 mil pesos al mes para que el establecimiento sea intacto.
Así lo expresaron ante regidores de oposición, un grupo de inspectores de reglamentos, quienes buscaron apoyo y asesoría de los ediles de oposición.
En entrevista dijeron varios que prácticamente todo el departamento de reglamentos había salido involucrado en presuntos actos de corrupción, según relataron varios de los inspectores quienes ahora ya no laboran para el gobierno de Movimiento Ciudadano.
Fue una acción luego de un operativo de este pasado fin de semana, encabezado por Ramón Guerrero en el que se descubrieron anomalías como el proteccionismo de algunos elementos de la corporación hacia varios establecimientos que operaban fuera del horario permitido.
La orden fue de 50 inspectores a quienes se les dijo ya no eran indispensables, como lo había asegurado en entrevista al inicio de la semana el propio munícipe, como parte de una depuración.
A los que dieron de baja se les prometió el pago de aguinaldo de este año y la agilización para el pago de pensiones del estado, así como la parte proporcional de las vacaciones.
De los empleados cesados, varios tienen 5, 6 10, y hasta 11 años de trabajar en promedio para el ayuntamiento.
A varios de ellos se les hizo la notificación de que ya no trabajaban en el gobierno de Ramón Guerrero.
Los únicos que se quedaron a trabajar fueron los empleados que ingresaron del mes de octubre a la fecha.
La única razón por la que salieron, dicen los afectados, es por un recorrido clandestino que hicieron funcionarios en donde se dice, sin pruebas, que hay visos de corrupción de proteccionismo a negocios.
“Los de la corrupción no somos nosotros”, refirieron varios en entrevista con reporteros y regidores de oposición.
En todo caso la corrupción es con los funcionarios en reglamentos, “nosotros no tenemos que pagar los platos rotos de otras personas que sí protegen negocios”.
Denunciaron que hay regidores y servidores públicos de esta administración de Movimiento Ciudadano, que protegen negocios, los arreglos son de otra índole.
Dijeron que por ejemplo, los negocios que fueron clausurados este pasado fin de semana en el operativo en cuestión, señaló uno de los empleados, pueden observar que al inicio de la administración se les sancionaron y ahora son protegidos.
Otro de los afectados comentó en entrevista que es injusto les quieran achacar asuntos de corrupción, “que nos señalen”.
Sin dar sus nombres por temor a represalias, asistentes, servidores, funcionarios y regidores protegen negocios, son intocables para muchos de nosotros.
“A mí me han hablado que en algunos casos a punto de levantar las actas y de clausura, se comunicaban Doris (su papá), Candelaria, Munguía (su asistente Carla”, son muchos negocios que no podemos hacerles nada”.
Señalaron que son negocios protegidos como los ubicados en el fraccionamiento Vallarta 500, Bobadilla, 322 entre otros.
En reunión de ex inspectores con regidores comentaron que al antro 322 del regidor de Movimiento Ciudadano Luis E. Munguía, “no podemos entrar está protegido, (orden de Carla asistente del edil)”.
“Nos niegan el acceso, así como en negocios del malecón nuevo, y otros que están protegidos por la mafia”.
Dijeron que si el alcalde Ramón Guerrero dio la información de que nos iban a correr por corruptos, “que hagan los señalamientos correspondientes”.
Para finiquitarlos, deben ir a reportarse a oficialía mayor administrativa, pero no hay dinero y que esta renuncia debe ser voluntaria, se quejaron amargamente.
Nuestros expedientes, están limpios, dijeron varios, “esta gente que entró sabían cómo estaba la situación, de la protección de negocios a razón de 4 mil pesos al mes para que no se les moleste, antes había listas hoy es la cuota”.
Uno de los trabajadores hoy sin ingreso a reglamentos señaló que, fue a una discoteca con música banda en vivo, a clausurar pero le hablaron a Ignacio Guzmán García (oficial mayor administrativo), y no prosperó.
La mayoría de los bares que se estaban protegiendo están cerrados en estos momentos los depósitos que están en calle Aguacate, Basilio Badillo, Ignacio L. Vallarta, Discotecas de Si, Si, El Mañana, Enter, son lugares en los que no podemos ni entrar, “ahí está Tello, asistente de Iris Ulloa de padrón y licencias”.