Vecinos se sienten intimidados ante la presencia en el fraccionamiento de hombres armados que acompañan a los representantes de quienes dicen ser los propietarios pero que hasta la fecha los vecinos no han visto documentación legal que así lo acredite. El delito de desalojo ya prescribió argumentan vecinos
Por Paty Aguilar
Durante todo el día de los días 20 y 21 de agosto 2014, vecinos del fraccionamiento Villas Miramar, observaron a personas armadas acompañando a representantes legales de quienes dicen, son los propietarios del predio, los cuales estuvieron marcando terrenos baldíos y casas habitación que supuestamente están aseguradas por parte de la Fiscalía General de Nayarit a favor de los dueños, sin embargo, aseguran que estas actividades están fuera de la ley que se trata de actos de abuso de poder y de autoridad, según explicó la abogada, Gabriela Pérez Suárez, vecina de este fraccionamiento.
La licenciada Pérez Suárez, recordó que hace aproximadamente 8 años, la constructora INMOSER que inició, dejó inconcluso y abandonó el fraccionamiento Villas Miramar luego de declararse en quiebra. Fue hace poco más de 7 años cuando este fraccionamiento fue invadido por cientos de familias que en ese tiempo, dijo, la abogada pudo haberse presumido un despojo, pero ante las instancias legales correspondientes no se presentó nadie que acreditara ser el propietario, ya sea por la civil o penal a reclamar su derecho, es por ello que a estas alturas, aproximadamente 7 años y medio, todos sus derechos prescribieron y ahora comparecen y dicen que son propietarios prendiendo vender terrenos cuando casi todos están ocupados, incluyendo las casas a un precio al cien por ciento valor actual comercial tomando en consideración que todo el predio está en problemas y así no lo pueden vender y las fiscalía del estado está avalando esta irregularidad dando anuencia a que personal operativo de la policía del estado debidamente armados acompañen a los representantes del propietario lo que genera actos de intimidación y acoso a los vecinos violentado sus garantías individuales.
Porque tiene problemas este predio? preguntó la abogada, porque diferentes personas están posesionadas en los predios y viviendas en consecuencia, comentó, no es posible que puedan vender en esas circunstancias porque estarían vendiendo a terceros particulares problemas, en su defecto, explicó la abogada, tendrían que demandar a los posesionarios por la ocupación lo que llevaría un juicio largo y tendría que dársele a cada individuo el derecho a ser oído y vencido en juicio.
Sin embargo, señaló, ellos de propia autoridad y de manera arbitraria están vendiendo los terrenos que están posesionados a otras terceras personas particulares y en consecuencia no aplica y la fiscalía general del estado lo está permitiendo. Por otro lado, indicó, quieren venderlo a un valor comercial que sobre pasa los estándares de la economía de cada uno de quienes habitan este fraccionamiento. Agregó que debe tomarse en consideración los 7 años y medio de los posesionarios que están en pobreza y otros en extrema pobreza, por lo tanto con las nuevas reformas a la Ley de la Vivienda que se ha hecho pública por parte del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en donde se va a apoyar a personas con necesidad de vivienda y que precisamente los fraccionamientos abandonados que hay en el país y que fueron invadidos o no lo estén, se les darán las facilidades para obtener dicha viviendas y que efectivamente se tiene que pagar un recurso pero se deberá tomar en consideración en base al salario mínimo con prorrogas de hasta 10 o 15 años, sin embargo, aquí pretenden vender predios y viviendas arriba de los 150 mil pesos y hasta los 199 mil y las casas en 240 mil pesos con enganches de 50 mil pesos o más y mensualidades de cinco a 6 mil pesos para ser pagados en tres o cuatro años, cosa que nadie de los que ahí habitan pueden pagar, concluyó no sin antes informar que a los propietarios del predio solo les queda llegar a la conciliación con los posesionarios, sin embargo, reconoció que hay inquietud en los vecinos y miedo de que la fiscalía general actué con abuso de autoridad contra ellos.