<span style=»font-size: 13px; line-height: 19px;»>El regidor de Movimiento Ciudadano, Otoniel Barragán, propuso en sesión de ayuntamiento, la creación de una jefatura para la protección de los derechos humanos</span>
Por Mauricio Lira Camacho
NOTICIASPV
Hay nacional, estatal, pero no oficina municipal de derechos humanos, informa Otoniel Barragán.
El regidor de Movimiento Ciudadano, Otoniel Barragán, propuso en sesión de ayuntamiento, la creación de una jefatura intermunicipal, para la protección de los derechos humanos.
Expuso en antecedentes que durante la pasada administración municipal que encabezó Salvador González, se turnaron varios asuntos que tienen que ver con la violación de los derechos humanos de la ciudadanía, estos van desde la negación de información hasta las agresiones de parte de algunos servidores públicos, ya sea verbal o físicamente, por la primera es manifiesta con la mala disposición de algunos servidores públicos al cumplir con las funciones que les fue encomendada y que se dé en omisiones en el cumplimiento de su trabajo, y por la segunda en la acción de las funciones dadas por mandato de los servidores públicos.
Esto no es más que consecuencia o resultado de la falta de conocimiento de sus obligaciones laborales o desconocimiento de los derechos humanos y prerrogativas ciudadanas.
Expuso que la comisión nacional de los derechos humanos, define aquellos como el conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada.
Estos derechos establecidos en la constitución y en las leyes deben ser reconocidos y garantizados por el estado.
Todos – dijo – estamos obligados a respetar los derechos humanos de las demás personas, sin embargo, según el mandato constitucional, quienes tienen mayor responsabilidad en este sentido, son las autoridades gubernamentales, es decir, los hombres y mujeres que ejercen la función de servidores públicos.
Es por ello – señaló-, de la creación de un órgano garante que es preocupación inmediata, para que todo gobernado tenga la certeza que este ayuntamiento del que se forma parte, hará lo necesario para cumplir con lo que manda la carta magna en su artículo primero y que a la letra establece, que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad de los principios de universalidad, interdependencia, invisibilidad y progresividad.
En consecuencia el estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establece la ley.