La licenciada, Nicolasa García Reinoso, comisionada para la defensa y promoción de los derechos humanos inscritos en el derecho internacional, humanista y humanitario. Comisionada además para los derechos civiles en Jalisco y Nayarit y observadora, perteneciente al Frente Mexicano Pro Derechos Humanos, pide a Gobernación investigue también el presunto enriquecimiento inexplicable del alcalde de Bahía de Banderas, Rafael Cervantes Padilla.
Por Paty Aguilar
Tras experimentar en carne propia y explicar el acoso que sufrió por parte del gobierno municipal de Bahía de Banderas, la defensora de los derechos humanos, licenciada, Nicolasa García Reinoso, comisionada para la defensa y promoción de los derechos humanos inscritos en el derecho internacional, humanista y humanitario, así como comisionada también para los derechos civiles en Jalisco y Nayarit y observadora perteneciente al Frente Mexicano Pro Derechos Humanos, en rueda de prensa dio a conocer que presentó una queja formal y solicitud de investigación ante la Secretaría de Gobernación por el desvío de recursos públicos y presunto enriquecimiento inexplicable del alcalde, Rafael Cervantes Padilla, en un año y medio que lleva como administrador de la comuna municipal de Bahía de Banderas, Nayarit, México.
Nicolasa García, dio a conocer que se entregó a la oficina de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y la Presidencia del al República, dos documentos firmados, uno por ella donde relata que luego de asistir a una reunión informativa sobre derechos humanos en la comunidad de Bucerías con un grupo de habitantes de ese lugar, sorprendieron a una persona video grabando el evento el cual al ser notada su presencia, huyo del lugar.
Ante esta situación, dice el documento, los vecinos le informaron a la defensora de los derechos humanos que posiblemente se trataba de gente del alcalde, Rafael Cervantes, ya que en ese tiempo, octubre 2012, un grupo de ciudadanos estaba en las calles recabando firmas para solicitar la revocación de mandato de dicho alcalde ante el Congreso del Estado de Nayarit por varios factores, entre ellos por desvió de recursos, además de manejarse con malos tratos hacia la ciudadanía, su indiferencia a los delitos que se están cometiendo a la luz y amparo de las autoridades sin que estas intervengan como la desaparición de personas, trata de personas, robo de infantes en primarias y otros delitos más y que personal del Ayuntamiento se estaba dando a la tarea de grabar en video y tomar gráficas de grupos que se reunieran en la calle, dado que tenía la idea de que se estaba conspirando en su contra.
En este tenor, añade que dos semanas más tarde, iba a bordo del vehículo oficial que la traslada a diversos lugares donde promueve los derechos humanos acompañada de sus escoltas de seguridad personal, sobre la carretera Mezcales a San Vicente, donde fueron abruptamente interceptados por elementos empistolados, en varias camionetas sin rotular, sin uniforme y que momentos después llegaron patrullas municipales, pero al abordarlos, de manera soez les dijeron “bájense hijos de su puta madre” cortando cartucho de armas largas y cortas, lo que consideró un acoso a su persona, ya que después de identificarse, los dejaron continuar su camino.
Asimismo, en dicho documento se narra la queja que interpuso ante esta organización el empresario, don Adrián Guerra, por abuso de poder contra el alcalde en relación a la detención de su hijo durante el mes de diciembre 2012 la cual consideró arbitraria, así como por la clausura de una obra de construcción que cuenta con todos los permisos correspondientes y dada esta situación, le ganó un amparo al Ayuntamiento, pero el presidente municipal se ha negado a quitar los sellos desacatando la orden del Juez, lo que a la larga generará menoscabo al Ayuntamiento, advierte.
En este mismo sentido, hace referencia a que el presidente municipal ha hecho uso del Ejército mexicano, para mandar catear casas y negocios que no estén de acuerdo con sus corruptelas, escudándose en llamadas anónimas a la zona militar, durante las cuelas, don Adrian Guerra fue víctima sin encontrarle nada ilícito “esta defensora lo acompañó (a don Adrian) a la zona militar para pedir una explicación ante estas revisiones que son anticonstitucionales a su negocios y, el General de la Zona Militar le dijo que tal vez tiene un enemigo que le tiene envidia, entendimos el mensaje (alcalde)” suscribe el documento.
Finalmente dicha queja y solicitud de investigación, advierte a Gobernación “si no se frena este desquicio de poder del alcalde, a corto plazo Bahía de Banderas será otro municipio que forme parte en las listas a nivel nacional que está en quiebra” tras mencionar que según información que le proporcionaron, el alcalde, Rafael Cervantes, antes de llegar al poder, estaban a punto de embargar su casa y ahora se ha enriquecido en año y meses que lleva en el poder. Se dice que el dinero que autorizó el Congreso para patrullas y apoyo sociales ha desviado los recursos, sería de interés público se haga una investigación a fondo sobre tal enriquecimiento” señala para luego agregar “El Gobernador está informado de todo este panorama, ha guardado silencio” puntualiza.
Por todo lo anterior, invocando la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y todos los Tratados Internacionales en Materia de Derechos Humanos, Nicolasa García Reinoso, solicitó a Gobernación, se investiguen los actos inconstitucionales que está cometiendo, el alcalde, Rafael Cervantes Padilla. Se le conmine a respetar el pleno desarrollo y la difusión de los Derechos Humanos y hace responsable al presidente municipal de cualquier represión en su contra por elevar la voz de quienes claman justicia con derecho.
El otro documento, firmado por la defensora de los derechos humanos en Bahía de Banderas que también pertenece al Frente Mexicano Pro Derechos Humanos, Juana María González García de Bucerías, refiere los hechos ocurridos durante la reunión informativa sobre derechos humanos que dio Nicolasa García en Bucerías, en el cual solicita garantías a Gobernación para desarrollar libremente en Bahía de Banderas la difusión de los derechos humanos.