La Cámara de Diputados aprobó una reforma constitucional para que las candidaturas independientes puedan traducirse en los hechos en todas las entidades y cualquier ciudadano pueda aspirar a un puesto de elección popular sin tener que ser abanderado por un partido político.
Con esto, gobiernos estatales y DF tendrán que adecuar su marco normativo para permitir que cualquier ciudadano pueda ser candidato.
Estas candidaturas ya están avaladas en la Constitución como parte de la reforma política aprobada en la anterior legislatura, pero era necesario hacer ajustes al mismo ordenamiento, pues los congresos locales o la ALDF no contaban con la base, contemplada en el artículo 116, para realizar las reformas a sus ordenamientos legales en los estados y en el Distrito Federal.
La reforma constitucional al artículo 116 se hace acorde con el artículo 35, con el objetivo de que las candidaturas ciudadanas tengan sustento legal y puedan realizarse las reformas correspondientes en todas las leyes locales en las entidades y en el Distrito Federal.
EL UNIVERSAL publicó el lunes que estas figuras podrían quedar en letra muerta, pues no existe todavía ley secundaria al respecto.
La reforma fue avalada por 421 votos a favor y pasó al Senado de la República para que continúe su proceso legislativo.
La iniciativa fue presentada por el diputado José González Morfín (PAN), vicepresidente de la cámara, desde septiembre pasado.
Con esta reforma, de acuerdo con los legisladores, se avanza en la armonización de la Carta Magna, a fin de que haya el sustento jurídico para que los congresos locales, en caso de ser ratificada esta reforma por el Senado, se apresten a ajustar sus normas y se concrete la posibilidad de que haya candidaturas independientes en todo el país.
Ricardo Mejía Berdeja (Movimiento Ciudadano) aseguró que instituir las candidaturas independientes es un paso en la democratización del país: “Se introduce una sana presión en el sistema de partidos del país y en los estados”.
En la sesión de ayer, también se aprobó una reforma para establecer que el Congreso pueda expedir leyes que establezcan la concurrencia de la federación, los estados, el DF, y los municipios en materia de atención y protección de los derechos de las víctimas.
Otra reforma avalada exime al Congreso de aprobar los llamados “corcholatazos”; es decir, los permisos para portar condecoraciones de gobiernos de otros países, que quitan tiempo en las sesiones, los cuales serán ahora otorgados por el Ejecutivo.
Con la reforma, el Presidente, los legisladores, y ministros de la Corte podrán usar y aceptar libremente condecoraciones extranjeras, y se otorgan facultades al Ejecutivo para que autorice a los ciudadanos el permiso de recibir condecoraciones o reconocimientos de gobiernos extranjeros.