Los diputados aprobaron una reforma para que el Ministerio Público federal pueda atraer las investigaciones en torno a agresiones a periodistas e instalaciones de medios de comunicación.
La enmienda fue avalada por 451 votos y fue turnada al Ejecutivo federal para sus efectos legales.
Con la reforma se aumenta la pena hasta en una mitad, cuando el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones o la víctima sea mujer.
Si la víctima pide la atracción de su caso, el Ministerio Público (MP) deberá contestar en 48 horas y si se niega, el afectado podrá contar con un recurso de reconsideración que deberá ser respondido en el mismo plazo.
El dictamen señala que en los casos de delitos del fuero común cometidos contra algún periodista, persona o instalación, que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta, el Ministerio Público de la federación podrá ejercer la facultad de atracción para conocerlos y perseguirlos, al igual que los jueces federales.
Esta facultad se ejercerá en los casos de delitos en los que se presuma su intención dolosa y cuando existan indicios de que en el delito participó algún servidor público estatal o municipal; cuando el ofendido señale como presunto responsable a algún servidor público de los órdenes estatal o municipal; cuando se trate de delitos graves así calificados por la ley o cuando la vida o integridad física de la víctima se encuentre en riesgo real, entre otros.
Pedro Domínguez (PRI) reconoció la importancia del cambio e insistió en que la Junta de Coordinación Política apruebe la creación de una comisión especial para las agresiones a periodistas.
Esther Quintana (PAN) dijo que la situación de los periodistas vulnera no sólo a ese gremio, sino a toda la sociedad.
Ricardo Monreal, coordinador de Movimiento Ciudadano, llamó a avanzar en la legislación federal, debido a que los periodistas se han visto amenazados por el crimen.