CIUDAD DE MÉXICO, 1 de mayo.- Bajo el entendido de que habrá de desaparecer cuando entre de lleno el sistema penal acusatorio, la Cámara de Diputados avaló ayer la reducción del arraigo de 80 a 35 días como máximo cuando se acrediten delitos vinculados con la delincuencia organizada. En delitos graves sólo podrá durar 20 días.
La reforma al artículo 16 de la Constitución salió adelante con 389 votos, provenientes de las bancadas del PRI y del PAN, así como de la mayoría de los representantes del PRD y del Partido Verde, si bien en ambos grupos se hicieron públicas las divergencias internas.
A favor de la minuta, que será enviada al Senado, también se manifestaron los legisladores de Nueva Alianza.
En contraste, los diputados del Partido del Trabajo (PT) y de Movimiento Ciudadano (MC) abonaron a los 32 votos en contra.
Las 14 abstenciones procedieron en su mayoría del grupo parlamentario del PRD, cuya postura inicial empujaba la eliminación de esta figura.
Sin embargo, como lo reconoció el diputado Fernando Zárate Salgado, secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales, ante una correlación de fuerzas aún insuficiente para conseguir el objetivo inicial, el PRD optaba en el Congreso por seguir la advertencia del ex presidente uruguayo Tabaré Vázquez: “Quien no es útil en la oposición es inútil en el gobierno (por eso) consideramos que hoy estamos logrando un avance respecto a la nada lejana desaparición de la figura del arraigo”.
Al respecto se defendió la idea de que la reforma impulsa controles judiciales encaminados a frenar el abuso del Estado en la aplicación de esta figura.
El perredista dijo que esta postura respondía a la deliberada decisión de su partido de utilizar su fuerza “para transformar las instituciones, para abonar en desarrollo y rediseñar el poder”.
Zárate Salgado hizo alusión a las posiciones del PT y MC al considerar que si bien resulta trascendental la voz crítica, ésta no podía traducirse “en eterno bloqueo”.
Perteneciente a la corriente hegemónica de Jesús Zambrano, presidente de ese partido, el diputado aprovechó su turno para deslindarse de las expresiones radicales: “Nuestra salida pudiera ser fácil y simplista, ocultarnos tras la protesta airada, hacer de nuestras posiciones una forma de vida irracional que raya en lo reaccionario y que pretende a toda costa impedir la evolución y la construcción de políticas de izquierda que puedan de verdad servir a la población”, argumentó el perredista.
Zárate Salgado consideró que el resentimiento y el enojo como discurso jamás mejorarán a la sociedad. “El PRD no ignora su propia base, el diálogo, la apertura, la crítica, pero sobre todo la propuesta”, alegó.
También de filiación perredista, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Julio César Moreno Rivera, reconoció que las comisiones de derechos humanos se oponen al arraigo porque permite detenciones arbitrarias, tortura y violación a la presunción de inocencia y del debido proceso. Y asumió que a esta visión se habían sumado varios diputados.
“Sin embargo, con ánimo de ir avanzando en su desaparición, en el dictamen que hoy está a su consideración se ha logrado reducir su plazo y rodearlo de más requisitos para su petición y su respectiva concesión, pues con el ánimo de salvaguardar la libertad personal se reduce considerablemente el arraigo de hasta 80 días, como actualmente se estipula, a un máximo de 35 días, tratándose de delincuencia organizada”, explicó el diputado del PRD .
En el caso de delitos graves, el arraigo sólo podrá durar 20 días sin prórroga alguna, en contraste con los 40 días que actualmente se permitían como máximo. Moreno Rivera destacó que a fin de fortalecer la protección para los derechos humanos, al presentar al juez la solicitud de medida de arraigo, el Ministerio Público deberá sustentarla en indicios suficientes que vinculen a la persona con la delincuencia organizada o con un delito grave, así como acreditar al menos una de las siguientes circunstancias: allegarse de mayores elementos probatorios en la investigación; proteger la vida, la integridad de las personas o bienes jurídicos; y evitar que el indiciado se sustraiga a la acción de la justicia.
Al informar que por las diferencias internas alrededor del tema la bancada del Partido Verde resolvió dejar en libertad a sus integrantes, la diputada Ruth Zavaleta, quien votó en contra del dictamen, se pronunció por “reconocer que no podemos desarmar al gobierno de forma inmediata de esta herramienta”.
Al fijar la postura del PAN —duramente cuestionado en la sesión por el abuso, se dijo, que el gobierno de Calderón hizo de esa figura—, la diputada Consuelo Argüelles Loya resumió las consecuencias positivas de la reforma: otorga mayor seguridad jurídica a los indiciados, privilegia la vigilancia al respeto de los derechos humanos y brinda elementos que permitirán al Ministerio Público consignar una averiguación, “evitando la sustracción de la justicia en aquellos infractores que forman parte de la delincuencia organizada”.