El gobierno de Estados Unidos criminaliza a los migrantes en lugar de sólo deportarlos, “con un alto costo humano y económico”. Durante 2012 más de 80 mil personas fueron condenadas por ingreso o reingreso ilegal a ese país o delitos menores, revela el último informe de la organización Human Rights Watch (HRW).
“Convertir a migrantes en delincuentes: el impacto adverso de los procesos penales en la frontera estadounidense”, el informe que documenta las consecuencias negativas de los procesos penales por ingreso y reingreso ilegal, “que han aumentado mil 400 y 300%, respectivamente, durante los 10 últimos años, y cuyo volumen hoy supera a los procesos por todos los demás delitos federales”, indica el reporte de HRW.
“El gobierno estadounidense está convirtiendo a los inmigrantes en delincuentes al enjuiciar a muchos de ellos en vez de simplemente deportarlos”, expuso Grace Meng investigadora sobre Estados Unidos de HRW y autora del informe.
Destacó que “muchos de estos inmigrantes no suponen una amenaza para la seguridad pública, y son simplemente personas que intentan estar con sus familias”.
Concluyó que este “aumento vertiginoso en la cantidad de procesos penales contra migrantes por ingreso o reingreso ilegal al territorio de Estados Unidos supone un enorme costo humano y económico (…) Encarcelar a migrantes que no tienen antecedentes penales o solamente han sido condenados por delitos menores antes de deportarlos es una decisión que a menudo afecta a personas que intentan reencontrarse con familiares en Estados Unidos o escapar a la persecución en su lugar de origen”.
El reporte documenta que “más de 80 mil personas fueron condenadas por estos delitos en 2012, muchas de ellas en procesos grupales acelerados que vulneran los derechos de debido proceso. Muchas de estas personas son separadas de sus familias en Estados Unidos, y una gran proporción termina cumpliendo meses o incluso años en prisiones federales sobrepobladas, a un alto costo para el Estado”.
Por ello, la organización critica que el proyecto de reforma inmigratoria del Senado, presentado por un grupo de legisladores bipartidista que se conoce como “Grupo de los Ocho”, propone incrementar en 250 millones de dólares el presupuesto destinado al procesamiento penal de estos casos en Tucson, Arizona, y establecer penas máximas más rigurosas para numerosas categorías de personas acusadas de ingreso o reingreso ilegal.
“En vez de esto, el gobierno estadounidense debería poner fin a procesos innecesarios contra personas que ingresan ilegalmente al país por primera vez o en forma reincidente”, señaló HRW.
El informe se elaboró a partir del análisis de datos del gobierno estadounidense y entrevistas con más de 180 personas, incluidos migrantes y sus familias, abogados, fiscales y jueces, para determinar el impacto del ingreso ilegal a Estados Unidos, qué implica entrar al territorio del país sin autorización que constituye un delito menor (misdemeanor), en tanto que el reingreso ilegal, es decir, regresar nuevamente al país tras una deportación, tiene categoría de delito grave (felony).
La organización apunta que muchas de las personas que son objeto de estos procesos “son individuos sin ciudadanía estadounidense que no tienen antecedentes penales o solamente han estado implicados en delitos menores”; por ejemplo, en 2011, 27% de las personas procesadas por delitos vinculados con el ingreso al país no tenía condenas anteriores por delitos graves.