*La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes se encuentra preocupada por el impacto que tendría la salud de la población si se llega a legalizar.
Ante la posibilidad de que en Uruguay se legalice la mariguana, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de Naciones Unidas, expresó su preocupación por los avances en este proyecto de ley por el impacto que tendría en la salud de la población, además de que urgió a ese país a seguir cumpliendo plenamente el derecho internacional.
Ayer la Cámara de Diputados uruguaya aprobó un proyecto de ley que impulsa el presidente José Mujica, que permitiría el cultivo, la distribución y el comercio de la mariguana bajo la regulación del Estado, y solo faltaría que el Senado de ese país votara a favor de la iniciativa para que entrara en vigor la medida.
Por este hecho la JIFE emitió un comunicado en el que expuso que «ha observado con preocupación el proyecto que de aprobarse, legalizaría la venta de hierba de cannabis con fines no médicos, la que contravendría totalmente lo dispuesto en los tratados de fiscalización internacional de estupefacientes, en particular la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, en la que el Uruguay es parte».
Indicó que a pesar de que la JIFE ha tratado de mantener un diálogo con el Gobierno de Uruguay sobre este tema e incluso propuso enviar una misión al país al más alto nivel, las autoridades del país se negaron a recibir al grupo de expertos antes de que el proyecto de ley se debatiera en el Parlamento.
Ante este escenario, en su mensaje, la JIFE destacó que «insta a las autoridades del Uruguay a que garanticen que su país siga cumpliendo plenamente el derecho internacional, que restringe el uso de los estupefacientes, incluido el cannabis, exclusivamente a fines médicos y científicos».
Destacó que «es importante destacar que la aprobación del proyecto de ley podría tener graves consecuencias para la salud y el bienestar de la población y para la prevención del uso indebido del cannabis entre los jóvenes».
Por ello, exhortó a las autoridades del Uruguay «a que sopesen detenidamente todas las posibles repercusiones antes de adoptar una decisión».