CIUDAD DE MÉXICO, 4 de agosto.-Para evitar que las garantías individuales de los procesados, queden vulneradas durante la realización de un juicio, más de dos mil 500 servidores públicos del Poder Judicial de la Federación será capacitados en torno a las reformas constitucionales en materia de Amparo y Derechos Humanos.
Esto luego de que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Silva pusiera en marcha el Programa Nacional de Capacitación y Difusión en Materia de Amparo con el objetivo de obligar a los juzgadores a revisar los hábitos que sostienen al ejercer la impartición de justicia.
Más allá de la obligación natural de los juzgadores por estar actualizados, la nueva Ley de Amparo, nos exige revisar los hábitos que sostienen nuestra forma de ejercer la impartición de justicia; porque nuestras costumbres o inercias, en el ejercicio del oficio de juzgar, no pueden convertirse en un dique o, peor aún, en un riesgo para la correcta aplicación de la nueva legislación”, indicó.
De acuerdo a expertos en los cambios a la Carta Magna en este tema, la Ley de Amparo es una legislación fundamental, ya que el Juicio de Amparo no es una institución cualquiera, sino que es el catalizador que permite que el sistema de impartición de justicia federal funcione.