CIUDAD DE MÉXICO, 8 de agosto.- Antes las empresas transnacionales y nacionales eran las dueñas de la industria petrolera mexicana. Por tal motivo, se promovieron las diferentes reformas al artículo 27 constitucional para que sólo la nación explote el petróleo.
Con la expropiación petrolera de 1938, el general Lázaro Cárdenas no prohibió que la iniciativa privada participara en su explotación, sólo frenó expedir concesiones en la materia mediante la reforma del 9 de noviembre de 1940, que él mismo impulsó.
Tras el anexo al párrafo sexto del artículo 27 de la Constitución; además, de negar concesiones en materia petrolera, se estipuló que la nación se encargaría de realizar las explotaciones.
Aun así, mediante compensaciones, los empresarios mantenían presencia en la industria; seguían construyendo oleoductos y refinerías; sin embargo, la modificación al mismo párrafo el 20 de enero de 1960, impulsada por el gobierno de Adolfo López Mateos, negó contratos y canceló los que ya existían.
La última modificación del párrafo fue el 6 de febrero de 1975, donde se adiciona la prohibición de otorgar concesiones en materia de minerales radioactivos.