CIUDAD DE MÉXICO, 1 de diciembre.- El foco rojo de la administración de Enrique Peña Nieto en materia de seguridad se centra en Michoacán, donde grupos de autodefensa y del crimen organizado mantienen el control de distintos territorios de la entidad, poniendo en entredicho el Estado de derecho.
En este contexto fue asesinado en el estado un alto mando naval y, recientemente, la desaparición de dos agentes de la Policía Federal Ministerial condujo a la localización de más de 20 fosas clandestinas y al hallazgo de 63 restos humanos en el municipio vecino de La Barca, Jalisco.
Por la falta de resultados de policías municipales y estatales, y apoyados en la figura de policías rurales o comunitarias, han surgido grupos de civiles armados que realizan labores de vigilancia policiaca.
El doctor José Manuel Mireles se ha erigido como dirigente de estos grupos que, según él, mantienen el control de aproximadamente 45 comunidades de 19 municipios de la Tierra Caliente michoacana.
Coalcomán, Chinicuila y Aquila son los principales bastiones de las autodefensa que retan, dicen, tanto a grupos del crimen como a las autoridades.
Las acusaciones son directas contra las policías municipales, a quienes señala de ser cómplices del crimen organizado, por lo que piden que sean desarmadas.
“Necesitamos que el gobierno del estado desarme a las policías municipales, porque estamos viendo que están con la delincuencia (…) porque los delincuentes siguen asesinando a nuestra gente”, dijo Mireles en entrevista a una agencia.
Ejemplos de lo anterior son la muerte del vicealmirante Carlos Miguel Salazar Ramonet y la desaparición de los agentes federales René Rojas Márquez y Gabriel Quijadas Santiago.
Salazar Ramonet, comandante de la Octava Zona Naval, con sede en Puerto Vallarta, Jalisco, se dirigía el 28 de julio a su trabajo cuando se vio obligado a cambiar de ruta. Su chofer circulaba por la autopista Toluca-Guadalajara, cerrada por una protesta de grupos de autodefensa en la zona de La Noria.
La camioneta fue alcanzada por dos vehículos en un camino secundario, cuyos tripulantes atacaron al mando naval ; sobrevivieron la esposa y un ayudante.
El pasado 3 de noviembre de-saparecieron dos agentes en una comisión cuando circulaban por Vista Hermosa, Michoacán. Se iniciaron las investigaciones que llevaron a la detención y arraigo de 20 policías municipales.
Las declaraciones de los sospechosos llevaron a la localización de más de una veintena de fosas clandestina de donde se han extraído 63 cuerpos, esto ya en el municipio de La Barca.
Las sospechas del financiamiento que presuntamente reciben los grupos de autodefensa por parte del crimen organizado quedaron confirmadas con la detención el pasado 7 de marzo de 34 integrantes de la comunidad de Felipe Carrillo Puerto, mejor conocida como La Ruana.
Ante el Ministerio Público, los detenidos aseguraron recibir financiamiento y armas del cártel Jalisco Nueva Generación, que domina la zona.
Las autodefensas comenzaron a aparecer en febrero de 2013 en Aquila, Tepalcatepec, Buenavista Tomatlán, Cherán, Paramuén y en La Ruana, algunos de ellos vinculados a Los Caballeros Templarios, que operan en la zona.
El pasado 29 de agosto, autoridades federales, locales, grupos civiles y empresariales, firmaron el Acuerdo por Michoacán, como un esfuerzo por restablecer el orden en la entidad, con seis estrategias trazadas y el objetivo de mejorar los programas de seguridad, educación, salud, así como generar más empleos y mejorar la imagen de la entidad luego de los hechos de violencia.
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, dijeron que el gobierno federal está devolviendo la seguridad y el Estado de derecho a la entidad.
Herencia de errores en justicia
El refrán de “lo que no fue en tu año no fue en tu daño” no aplica para el primer año de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto en materia de procuración e impartición de justicia.
Pifias y fallas del Ministerio Público Federal al integrar averiguaciones previas en anteriores sexenios —en casos recientes, como el de la secuestradora Florence Cassez, o añejos, como el del narcotraficante Rafael Caro Quintero— le pasaron la factura a la nueva administración.
El heredero de los errores, a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR), es el hidalguense Jesús Murillo Karam, quien al recibir la administración tras dos gestiones panistas, lo primero que hizo fue un análisis de la dependencia que encabeza.
El resultado fue presentado en abril al Senado con una conclusión contundente: la estructura de la PGR estaba desmantelada, por lo que diseño un plan para reestructurar la dependencia, atendiendo los casos pendientes y las investigaciones en proceso.
Las fallas notorias en el Programa de Testigos Colaboradores, en el trabajo de las delegaciones estatales, en Servicios Periciales, en los sistemas de control de confianza fueron de los más destacados por el funcionario.
Por la puerta grande
El término jurídico del “debido proceso” adquirió notoriedad este año.
El 23 de enero, los ministros Arturo Zaldívar, Olga Sánchez, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío y Jorge Mario Pardo Rebolledo resolvieron otorgar un amparo a Florence Cassez.
La francesa, recluida en Santa Martha Acatitla, cumplía una condena de 60 años de prisión por los delitos de secuestro, delincuencia organizada y portación de armas prohibidas.
Con el criterio de que no se había “respetado el debido proceso”, en el juicio, principalmente al alterarse la prueba del momento de su detención, los ministros resolvieron liberar de inmediato a Cassez.
En enero de 2001 el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán logró escapar del Centro Federal de Readaptación Social de Puente Grande, Jalisco. Doce años después, el 9 de agosto de 2013, el narcotraficante Rafael Caro Quintero salió del mismo penal por la puerta grande, gracias a un juez federal que argumentó violación al debido proceso.
La apelación de la PGR fue aceptada, pero Quintero fue liberado y hasta este momento se desconoce su paradero.
Debido al fracaso del programa de testigos protegidos, militares de alto rango y subprocuradores acusados de vínculos con el narcotráfico, entre ellos Tomás Ángeles Dauahare, Roberto Dawe González y Ricardo Escorcia Vargas, así como Noé Ramírez Mandujano, fueron liberados.
Así también el pasado 19 de julio, Raúl Salinas de Gortari, el llamado hermano incómodo, fue exonerado del delito de enriquecimiento ilícito, luego de un proceso que inició en 1997, y este mes se ordenó que se le regresaran sus bienes.
La más reciente pifia, ahora sí de esta administración, está relacionada con el proceso contra Elba Esther Gordillo, debido a una falla en el debido proceso.