HOUSTON, 2 de abril.- Una corte federal de apelaciones anuló el fallo de una jueza que suspendía temporalmente una ejecución y exigía al sistema penitenciario de Texas revelar más información sobre la procedencia de los fármacos empleados en ejecuciones por inyección letal.
Apenas unas horas antes, la jueza federal Vanessa Gilmore de un tribunal de menor instancia emitió un interdicto que detuvo la ejecución de Tommy Lynn Sells, de 49 años, un asesino en serie en Texas, programada para el jueves.
La ejecución del mexicano Ramiro Hernández Llanas está programada para la próxima semana
El caso incluía originalmente al mexicano Ramiro Hernández Llanas, de 44 años, otro interno cuya ejecución está programada para la próxima semana. Pero el fallo de la corte de apelaciones sólo afecta a Sells, aunque indicó que abordaría el de Hernández posteriormente.
Los funcionarios texanos sostienen que la identidad del proveedor debe permanecer en secreto para evitar actos de violencia en su contra, y que el suministro de pentobarbital está dentro de los parámetros aceptables de potencia.
Los abogados del estado apelaron ante la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito en Nueva Orleans, y alegaron que los argumentos de los abogados de los presidiarios «no son más que intentos calculados para posponer sus ejecuciones».
Desde que obtuvo una nueva provisión de pentobarbital hace dos semanas, el Departamento de Justicia Penal texano citó problemas de seguridad, sin aclarar en qué consistían, como motivo para no revelar la fuente y otros detalles del sedante que piensa utilizar para ejecutar a los reos.