CIUDAD DE MÉXICO, 14 de julio.- ¿Puede un Congreso demandar judicialmente a un Presidente?
Esa es una de las preguntas que enfrentan tanto el Congreso como las Cortes judiciales estadunidenses ante el anuncio de que el presidente de la Cámara baja, John Boehner, planteará un caso contra el mandatario Barack Obama por no cumplir con una de las provisiones de su propia ley de reforma del sistema de salud.
De entrada, según expertos legales, es posible. Un comité de la Cámara baja se reunirá esta semana para hacer los arreglos al respecto, aunque esto necesariamente implica legislación especial.
Pero parte del problema es que el gobierno estadunidense, y en concreto el Congreso, se ha convertido en “disfuncional” por la creciente confrontacionalidad política entre republicanos y demócratas.
Pero en parte, recordó el analista David Brooks, el tema surge de que el Congreso aprobó una ley y el Presidente tuvo que cambiar partes para hacerla funcionar. Que se trata de algo político es indudable, que a juicio del propio Brooks y otros no tenga futuro, también es cierto.
Con todo, en un país con una tradición de poner en juicio literalmente todos los temas, incluso a veces cuestiones estrictamente filosóficas, el uso de la Rama Judicial para dilucidar cuestiones políticas no parecería raro, pero lo es: ha habido casos en que diferentes oficinas o secretarías del Poder Ejecutivo se han demandado entre sí, pero una demanda del Congreso es algo más raro.
“La idea esencial de la separación de poderes es que son ramas iguales que comparten el círculo superior; la autoridad que tienen las ramas en común es la ley, por tanto es constitucionalmente apropiado que cometan sus disputas legales a la rama que dice lo que es la ley”, escribió en 1991 Michael Herz, en la Revista Legal del Colegio de William y Mary.
Pero el mismo Herz incluyó en su texto una advertencia: “las cortes no pueden suplantar los mecanismos definidos constitucionalmente para la toma de decisiones”.
El texto del experto legal no consideraba la posibilidad de que el Congreso demandara al ejecutivo por cuestiones políticas, aunque queda implícito también que en un sistema de gobierno donde las ramas son presuntamente iguales en poder puede haber una competencia que lleve a la idea de que alguien más resuelva disputas y los límites del poder de cada rama.
Pero aunque ya tal vez a alguno se le haya ocurrido la idea, la realidad es que desde que la noción de la división de poderes fue consagrada en a Constitución estadunidense hace 200 años, tanto el Congreso como el Ejecutivo han mantenido una pugna por cuál es la rama predominante.
Y hasta ahora la lucha sigue, sin vencedor, y nadie espera que vaya a haber un ganador definitivo.
Para muchos expertos el Congreso es el poder mayor, con sus capacidades para aprobar leyes y dar o negar financiamiento a lo que propone el Presidente. Su límite: que rara vez, si acaso, puede funcionar de manera unitaria: “esencialmente, cada legislador es un empresario político independiente”, comentó el politólogo William Schneider, de la organización no gubernamental The Third Way.
El hecho de que el aparato legislativo sea compuesto por 435 diputados y cien senadores pertenecientes a dos partidos competidores no ayuda a su unidad de criterios.
Paralelamente, el puesto de presidente ha ido ganando fuerza por un punto que Schneider y otros definen como la capacidad de representar: el mandatario es el único que puede hablar por Estados Unidos como un todo. Aunque gobernadores, senadores o representantes (diputados) puedan considerarse como esencialmente iguales bajo la ley, sólo pueden hablar por sus distritos, o sus estados, y eso establece una diferencia importante.
Esa capacidad del mandatario es lo que llevó sobre todo en el siglo XX a la expansión práctica del poder presidencial, tanto que la Rama Ejecutiva frecuentemente ha sido acusado de usar y abusar de sus prerrogativas.
Legalmente la autoridad del presidente incluye el poder de firmar o vetar leyes, comandar las fuerzas armadas, pedir por la opinion escrita de su gabinete, convocar o concluir las sesiones de Congreso y de recibir embajadores, amén de conceder perdones, más otras capacidades inferidas, si no explícitas.
Pero la mayoría de esos actos pasa de una forma u otra por la consulta y aprobación del Congreso estadunidense, que políticamente se convierte en un obstáculo al que hay que rodear: republicanos y demócratas, según quien haya estado en el poder, han abogado por la expansión del poder presidencial o por definirlo de la manera más amplia posible.
Y de la misma forma, republicanos y demócratas en el Congreso han estado en favor de acotar el poder presidencial.
Ese es el núcleo de las acusaciones de “presidencia imperial” que periódicamente lanzan legisladores contra el mandatario en turno, lo mismo cuando George W. Bush lleva a Estados Unidos a una intervención armada de diez años en Afganistán o Irak que cuando Barack Obama busca reformar el sistema de salud o las leyes migratorias en Estados Unidos.
En ese marco la denuncia de Boehner no parece fuera de lugar, aunque con un mucho de partisanismo político. “Creo que el Presidente no ejecuta lealmente las leyes de nuestro país, y a nombre de la institución nuestra Constitución, plantarle cara y luchar por esto es en el mejor interés de largo plazo del Congreso”, anotó en su memorando a los miembros de la mayoría republicana en la Cámara baja.
De acuerdo con Boehner, Obama ha “estirado” los límites del juramento presidencial que pronunció cuando tomó posesión.
Pero los republicanos se habían quejado de abusos de poder en términos de relaciones exteriores, de la aplicación de leyes de energía, de cuestiones educativas o como ocurre ahora, en torno a la migración.
“Con tantas cuestiones de violación de la ley de donde elegir, uno tendría la impresión de que trabajaba en una muy fuerte queja, aún que la Cámara baja tuviera pocas posibilidades de ganar en la corte”, escribió el semanario político The New Republic.
Para cuando Boehner presentó el caso que espera llevar a la Corte, sin embargo, hubo un sentido de decepción: la demanda que considera la Cámara y pedirá sea considerada en tribunales se refiere al demorado incumplimiento del mandato de la ley de salud en torno a la obligación de que negocios con más de 50 empleados provean seguro de salud a sus trabajadores.
Políticamente sin embargo el tema es profundo. De hecho, el alegato del presidente de la Cámara baja señala que el mandatario creó su propia ley de salud y creó las penalidades por incumplimiento. “Esa no es la forma en que nuestro sistema de gobierno está diseñado… ningún presidente debe tener el poder de hacer leyes por sí solo”, puntualizó.
La idea es limitar el poder del ejecutivo y muy específicamente el de Obama, un mandatario que terminará en 2016, que ya señaló que buscará tomar medidas administrativas para “dar la vuelta” a la oposición de un Congreso cuya eficiencia es limitada por una creciente confrontación político-ideológica.
En términos reales, comentó Brooks, los demócratas fueron muy sensibles al tema del poder ejecutivo cuando Bush era el presidente; “ahora parecen menos ruidosos e indignados cuando su propio Presidente lo hace”.
La idea es muy política en sí, e implica reducir las posibilidades de acción de un Presidente al que los republicanos consideran excesivamente liberal “El problema soy yo”, dijo Obama recientemente.
Pero es sí y no, recordó Brooks: “los republicanos que enmudecieron cuando George Bush ampliaba la definición de poder ejecutivo a base de jugadas de poder, ahora son sensibles constitucionalistas. Esto (la demanda) va a ningún lado”.