*La semana pasada la embajada de Estados Unidos citó al abogado Leonel Rivero, director del despacho Defensa Estratégica de Derechos Humanos y nuevo representante jurídico de Nestora Salgado García, a una reunión…
México, D.F. La semana pasada la embajada de Estados Unidos citó al abogado Leonel Rivero, director del despacho Defensa Estratégica de Derechos Humanos y nuevo representante jurídico de Nestora Salgado García, a una reunión. Funcionarios consulares y políticos de la misión querían entender qué obstaculiza la liberación de la comandante de la policía comunitaria de Olinalá, quien sigue presa en la cárcel de máxima seguridad de Tepic, Nayarit, a pesar de que desde marzo del año pasado un juzgado federal desechó las causas penales que la acusan y ordenó su excarcelación.
Escucharon su punto de vista. “Les expliqué que el de Nestora es un típico caso de prisión política y persecución de la lucha social. Su situación condensa el rechazo del Estado a proyectos autónomos de seguridad pública que, como las policías comunitarias y las autodefensas, evidenciaron la incapacidad de las autoridades de proteger a las poblaciones indígenas y rurales de la acción del crimen organizado, por omisión o complicidad”.
Rivero agrega que al desconocer que las actividades de Nestora Salgado se produjeron en el contexto de sus funciones como comandante de un cuerpo de policías comunitarias de Guerrero, reconocidos por la ley estatal, los procesos judiciales en su contra tienen una innegable carga política. Y recordó que desde hace años los gobiernos utilizan las figuras penales de secuestro y secuestro agravado para reprimir a dirigentes del movimiento popular, como en su momento fueron los dirigentes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, sentenciados a hasta 60 años de cárcel y finalmente liberados. O el caso del vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras de La Parota, Marco Suástegui.