*México no avanzó en la calificacióin anual de la organización «Freedom House» por el caso de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas…
CIUDAD DE MÉXICO, 29 de abril.- El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa, reconoció que México no avanzó en la calificación anual que proporciona la organización Freedom House, debido a que el caso Iguala generó un impacto negativo.
De acuerdo a la evaluación internacional entorno a libertad de expresión y respeto a los derechos humanos, lo que lo deja en la categoría de los países “no libres” con 63 puntos negativos.
En entrevista, Campa Cifrian explicó que desde 2011 nuestro país mantiene la misma calificación; sin embargo, la desaparición de los 43 estudiantes normalistas impidió que se reconocieran los avances alcanzados por parte de esta organización internacional, que trabaja por fortalecer tres frentes en favor la libertad de expresión acotada por la violencia y la impunidad: prevención, protección y solidaridad con las víctimas.
El año en análisis fue un año muy complejo para México. El propio informe da cuenta de un evento, que es un evento fundamental, que es el evento de Iguala, y pues este evento me parece anuló algunos de los avances que tuvimos en el país: la reducción en los niveles de violencia y los instrumentos que hemos venido echando a andar para la protección de defensores y de periodistas. México se mantiene básicamente igual, en las mismas condiciones”, señaló el funcionario federal.
Explicó que el informe da cuenta de que 63 estados –el 32 por ciento–, están calificados como libres; 71 estados –el 36 por ciento–, están en la calificación de parcialmente libres, y 65 estados –el 32 por ciento–, están en la calificación de no libres.
México desde 2011, en una de las dos calificaciones aparece como no libre. En la otra aparece como parcialmente libre, principalmente en lo que se refiere a exceso y uso de Internet”, subrayó.
Por ello aseguró que se estará trabajando con Freedom House a fin de fortalecer los mecanismos para la protección de defensores de derechos humanos y periodistas.