*Ante la falta de pruebas, el Ministerio Público federal no ha fincado cargos por el delito de secuestro contra el exalcalde de Iguala y su esposa…
CIUDAD DE MÉXICO, 23 de septiembre.- Ha pasado casi un año del ataque y desaparición de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa y ninguna de las 111 personas detenidas por el caso ha recibido sentencia; al contrario, los juicios al igual que las investigaciones se han ido atrasando poco a poco.
A la fecha, la Procuraduría General de la República (PGR) únicamente ha revelado la identidad de 79 de las 111 personas que han sido detenidas y consignadas tras las indagatorias derivadas de los hechos del 26 de septiembre de 2014, la mayoría de ellas pertenecen a las corporaciones policiacas de Iguala o Cocula, el resto al cártel de los Guerreros Unidos.
En lo que respecta a quien fuera alcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda, el asunto va lento debido a los numerosos amparos que la llamada “pareja imperial” ha interpuesto y que se han tenido que analizar y resolver en otras instancias judiciales.
El problema está en que, ante la falta de pruebas, el Ministerio Público federal no ha fincado cargo en contra del matrimonio Abarca Pineda por el delito de secuestro relacionado con la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre del año pasado en Iguala.
De todos los detenidos, sólo cinco policías de Iguala son acusados de desaparición forzada, mientras que los demás enfrentan cargos por secuestro, homicidio, delincuencia organizada, delitos contra la salud y lavado de dinero.
En el caso de Abarca Velázquez, en el Poder Judicial solamente se le siguen juicios por los delitos de secuestro, delincuencia organizada y homicidio, los cuales ha logrado comprobar el Ministerio Público para mantenerlo en prisión.
Y es que el exalcalde de Iguala es acusado por la Procuraduría General de la República del asesinato de Justino Carbajal Salgado, así como del secuestro de Nicolás Mendoza Villa, Héctor Arroyo Delgado, Efraín Amates Luna y Dante Cervantes Delgado, además de colaborar con el crimen organizado.
Mientras que a su esposa, María de los Ángeles Pineda únicamente se le sigue procedimiento por delincuencia organizada en la modalidad de delitos contra la salud y lavado de dinero debido a su presunta relación con el cártel de los Guerreros Unidos por lo menos desde el año 2005.
Incluso, un tribunal federal había ordenado amparar y revocar el auto de formal prisión girado en contra de Pineda Villa debido a diversos errores en el procedimiento, empero un juez logró mantenerla en prisión reponiendo las partes que habían tenido fallas durante su proceso.
Según el expediente judicial, quien hasta el momento es considerada por la PGR, junto con su esposo, como autora intelectual de la desaparición de 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa, se dedicaba a brindar protección y apoyo económico a los delincuentes de Guerreros Unidos a través de la compra de bienes muebles e inmuebles o bien, trasladando e invirtiendo numerario producto de la venta y distribución de droga, principalmente en el estado de Guerrero y otras entidades federativas en las que dicho cártel tiene presencia.
Por ejemplo, en sus declaraciones de ingresos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), de 2009 a 2011, presentan una diferencia de ingresos no comprobables de tres millones 286 mil 641 pesos; y que de 2009 a 2014, a través de cuatro cuentas bancarias recibió por concepto de depósitos 13 millones 722 mil 849 pesos, recursos que presuntamente procedían del cártel de los Guerreros Unidos.
Al día de hoy, Abarca Velázquez se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 El Altiplano, en el Estado de México, mientras que su esposa fue ingresada al penal femenil de Tepic, Nayarit, desde donde le da seguimiento al juicio iniciado en su contra.
Los 109 personajes restantes que se encuentran bajo investigación en prisión como Francisco Salgado Valladares, exsubdirector de la Secretaría de Seguridad Pública de Iguala; Sidronio Casarrubias, líder de los Guerreros Unidos o Gildardo López Astudillo, lugarteniente de dicho cártel, ya han sido consignados ante diversos jueces federales y su juicio está en marcha.
Ajuste de cuentas
El caso Abarca también dio de qué hablar en el seno del PRD, pues durante el Congreso Nacional de la semana pasada se aprobó un resolutivo para “llamar a cuentas” a sus dirigentes que no tomaron en cuenta la “fama pública” de José Luis Abarca, promoviendo su candidatura y afiliación.
Sobre el tema el dirigente nacional del PRD, Carlos Navarrete, dijo que “nosotros ya dimos la cara y asumimos nuestras responsabilidades políticas, con valentía. Ahora el gobierno federal está colocado en una situación muy complicada porque el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos muestra cosas muy graves, una pésima investigación y un ocultamiento de líneas de investigación”.