*En una carta abierta al presidente Enrique Peña Nieto, la organización Robert F. Kennedy Human Rights junto con expertos y académicos de México y Estados Unidos…
México, DF. En una carta abierta al presidente Enrique Peña Nieto, la organización Robert F. Kennedy Human Rights junto con expertos y académicos de México y Estados Unidos en derechos humanos, lo exhortan a realizar el máximo esfuerzo para dar con el paradero de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, reorientar las líneas de investigación y a permitir que el Grupo de Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se entreviste con los militares que estuvieron en Iguala cuando desaparecieron los jóvenes estudiantes.
En la misiva, también se solicita que se resuelven el grave problema de desapariciones forzadas en México, además de que se garantice la debida atención a las víctimas, fortaleciendo mecanismos de protección a los testigos.
De manera particular, se destaca el informe presentado por el panel de expertos internacionales, nombrados por la CIDH, y el cual expuso graves errores en el proceso de investigación oficial sobre el caso, incluyendo el mal manejo de evidencia y la omisión de testimonios.
“Los hallazgos del grupo desvirtúan las conclusiones de la Oficina del Procurador General de la República sobre el motivo o los métodos de los crímenes; por el contrario, los expertos independientes concluyeron que los aspectos cruciales de la hipótesis oficial eran científicamente imposibles”, dice la carta, hecha pública en México por los centros de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el Pro Juárez.
La organización Robert F. Kennedy Human Rights, con sede en Washington, y el grupo de académicos firmantes, instan al presidente Peña a implementar todas las recomendaciones de los expertos sobre el caso.
Más específicamente, la carta exhorta al gobierno mexicano a determinar el paradero de los estudiantes, abrir nuevas líneas de investigación, entrevistar a miembros del ejército mexicano que puedan haber participado en los crímenes, garantizar la atención adecuada y sostenida a las víctimas y resolver el problema de desapariciones forzadas en México de manera más amplia.
Además, se apoya el llamado de los familiares de las víctimas a extender el mandato del grupo de expertos independientes el tiempo que sea necesario, teniendo en cuenta que la obligación del gobierno es aclarar lo sucedido a los estudiantes desaparecidos y determinar dónde se encuentran, una tarea en la cual la participación del grupo de expertos resulta crucial.