*Durante la 66 Asamblea Mundial de la Salud, en 2013, de la Organización Mundial de la Salud (OMS), su directora, Margaret Chan…
(Primera de tres partes)
Durante la 66 Asamblea Mundial de la Salud, en 2013, de la Organización Mundial de la Salud (OMS), su directora, Margaret Chan, refirió los avances de la institución contra la enfermedad del SARS, la gripe aviar H7N9 y el VIH, todas enfermedades transmisibles por agentes patógenos. Pero Chan avizoraba un escenario menos favorable frente a los padecimientos no transmisibles, cuyo origen no eran insectos, mosquitos o parásitos causantes del dengue, malaria o chagas. Los nuevos portadores de las enfermedades no eran patógenos, sino consecuencia del mercado capitalista.
“Muchos de los factores de riesgo de las enfermedades no transmisibles están amplificados por productos y prácticas de fuerzas enormes y económicamente poderosas. El poder del mercado se convierte fácilmente en poder político…”, dijo la dirigente de la OMS.
Tras denunciar la injerencia de las empresas como los nuevos transmisores de enfermedades, y sus nimios intentos por mejorar la salud humana, Chan enfatizó que las industrias que contribuyen al aumento de las enfermedades no transmisibles tienen “representantes y grupos de presión” que los mosquitos, como los que transmiten del dengue, no tienen; hoy en día, para combatir enfermedades como la obesidad los “parásitos” y vectores son otros. “Cuando las políticas de salud pública tienen fines contrapuestos a determinados intereses económicos, debemos hacer frente a una oposición bien orquestada y muy bien financiada”, mencionó la dirigente de la OMS.
En México tenemos un ejemplo paradigmático de este conglomerado de aciagas conjunciones, donde los “mosquitos” transmisores de enfermedades como la obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares, son grupos de cabildeo y representantes de los intereses de las empresas que han “picado” a autoridades de gobierno del país para “propagar” la obesidad y la diabetes entre la población.
Estos “mosquitos” llegaron al Congreso de la Unión de México y convencieron a gran parte de los diputados a aprobar una Miscelánea Fiscal para 2016 que reduce a la mitad el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en bebidas azucaradas que contengan hasta 5 gramos de azúcares añadidos por cada 100 mililitros.
En 2013, el gobierno federal condujo la aprobación de un IEPS a las bebidas azucaradas procesadas industrialmente, como una medida para combatir la obesidad y la diabetes en la población mexicana —puesto que se ha determinado una relación directa entre el consumo de bebidas azucaradas y el desarrollo de estos padecimientos, con estudios desarrollados por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP)— que representan el más grave problema de salud pública del país.
No obstante, la semana antepasada, cabilderos y grupos de presión de la industria —los “mosquitos cabilderos”, apodados por asociaciones civiles— impulsaron en la Cámara de Diputados la aprobación de una Miscelánea Fiscal para 2016 donde se reducía el IEPS a la mitad en bebidas identificadas como aquellas dirigidas principalmente a niños y adolescentes. Esto significa reducir de 1 peso a 50 centavos el impuesto.
Hace algunos meses, el INSP publicó resultados preliminares de un estudio donde refiere que el IEPS a las bebidas azucaradas había reducido el consumo de éstas hasta en un 12 por ciento en la población mexicana, principalmente la de más escasos recursos, e incentivando la ingesta de agua embotellada hasta en un 4 por ciento.
“El impuesto a las bebidas saborizadas, que forma parte de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, es una medida que el Ejecutivo Federal diseñó para mejorar la salud de los mexicanos”, suscribe el INSP en un comunicado referente a la aprobación de la Miscelánea Fiscal en la Cámara de Diputados.
“El consumo de bebidas azucaradas se asocia con aumento en los riesgos de obesidad, síndrome metabólico, diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular, caries dental y otras enfermedades. También es causa de muerte prematura de miles de mexicanos cada año. (…) No existe evidencia científica para justificar una reducción del impuesto. Al contrario, el impuesto a las bebidas azucaradas ha propiciado acciones saludables”, agrega.
El instituto refiere además que dados los efectos positivos de la medida, lo recomendable es aumentar el gravamen en vez de disminuirlo, de hecho la recomendación de la OMS y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) es del 20% por litro. En México, las bebidas por arriba de los 5 gramos de azúcares añadidos por cada 100 mililitros mantienen el IEPS en el 10%.
CRISIS. México está conjuntando una tormenta sanitaria que puede agudizar más el problema de obesidad y diabetes, esto es a través del incremento del consumo de bebidas azucaradas, su laxa regulación y una población infantil que ya resiente los efectos de estas enfermedades.
El informe publicado este año “Alimentos y bebidas ultraprocesados en América Latina: tendencias, efecto sobre la obesidad e implicaciones para las políticas públicas”, de la OPS, puntualiza que entre 2000 y 2013 las ventas per cápita de estos productos aumentaron en América Latina, en tanto disminuyeron en EU. México encabeza la lista de los países de la región con 212.2 kilogramos por persona.
Entre los datos clave del informe, la OPS establece que “hay países en las Américas enfrentando la epidemia de obesidad con impuestos y regulaciones estrictas de etiquetado y publicidad de comidas, lo que la directora de OPS (Carissa F. Etienne) ha considerado ‘importantes avances que deberían ser estimulados en toda la región’”.
Dentro de este escenario, México se mantiene a la cabeza como el primer lugar en obesidad infantil en el mundo, pero además se estima —según un estudio y modelo matemático desarrollado por Rafael Meza, profesor de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Michigan y profesor honorario del INSP— que dada la prevalencia de este padecimiento, uno de cada tres niños mexicanos sufrirá diabetes a lo largo de su vida.
“Hace 20 años, la OPS y en México el doctor Adolfo Chávez alertaron sobre esta situación —señala Abelardo Ávila, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán—. Se convocó al sistema de salud y se denunció el grave peligro que corríamos si continuaban estas tendencias de consumo”.
Para el epidemiólogo, que desde hace cuatro décadas ha estudiado el desarrollo de la obesidad y enfermedades asociadas a ésta, como el daño metabólico, es irracional que una sociedad permita este grado de daño a su población, específicamente a los niños. “La única racionalidad es la del dinero. Detrás de cada muerte infantil hay un consumo muy alto de este tipo de productos, que generan daño precoz y distorsionan toda la capacidad de disfrute de alimentos y acceso a una buena alimentación”.
Abelardo Ávila es miembro y asesor de la Alianza por la Salud Alimentaria (ASA), que conjunta a decenas organizaciones civiles, científicos y especialistas que han denunciado constantemente la ineficacia en las medidas tomadas por el Estado para combatir la epidemia de obesidad y diabetes en el país. Recientemente, han mantenido dentro de la opinión pública el tema de la disminución del IEPS a bebidas azucaradas de menos de 5 gramos de azúcares añadidos por cada 100 mililitros.
Alertaron sobre la aprobación de la Miscelánea Fiscal en la Cámara de Diputados —impulsada por las bancadas del PRI y el PAN— sin haber sido discutida, y ahora mantienen la atención en el Senado de la República, donde un grupo de senadores ha hecho eco de la situación y buscarán regresar el paquete fiscal al Congreso.
“Sabemos que la propia Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados no tenía la dimensión del problema, el PRI y el PAN votaron por consigna y cuando fueron cuestionados por las izquierdas no hubo un solo legislador que argumentara la disminución del impuesto”, señala Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor, asociación eje de la ASA. Esto formó parte de una campaña para combatir la única política pública implementada en nuestro país que ha reducido las tendencias en consumo de bebidas azucaradas, agrega.
MOSQUITOS EN EL SENADO. “La Cámara de Diputados ha cometido un error”, señaló la semana pasada Zoé Robledo, senador del PRD, en una conferencia conjunta con otros senadores de diferentes bancadas. “Por eso generamos un bloque opositor para detenerlo y corregirlo”.
Luis Manuel Encarnación —de la asociación Contrapeso, también miembro de la ASA— ha estado cerca del proceso legislativo y relata cómo se tomó la decisión. “En la Cámara de Diputados fue un madruguete total, sabemos que el diputado Charbel Jorge Estefan Chidiac (PRI), integrante de la Comisión de Hacienda, metió y elaboró el dictamen donde ya venía incluida la disminución del IEPS”.
De acuerdo con la presidenta de la Comisión de Salud, Gina Cruz, ni siquiera les dio tiempo de revisar el dictamen ni analizar cómo impactaría en la salud de los niños, añade. “Pero si son diputados deberían de tener toda la capacidad e información para tomar este tipo de decisiones. Los panistas han argumentado que el impuesto ha sido ‘tóxico’ para las empresas, cuando que la toxicidad estuvo en la decisión que tomaron contra la salud pública”.
Para Encarnación, éste fue un acto de incongruencia de la política del PRI —quienes impulsaron el IEPS a bebidas azucaradas en 2013 en coordinación con el gobierno federal—, y que no pudo haber avanzado sin el aval de los coordinadores parlamentarios y el propio presidente Manlio Fabio Beltrones y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
En una reunión del secretario Luis Videgaray con el grupo parlamentario de senadores del PRD, “dejó claro que había sido una iniciativa de los diputados de algunos partidos que pretendía perfeccionar la ley”, apunta Zoé Robledo. “Pero eso fue solo una pretensión, puesto que la ley empeoró y nos pone en riesgo. Por eso hacemos un llamado a la sociedad para alertar sobre esta medida, pero principalmente a los senadores para que no se dejen ‘picar’ por los mosquitos de los intereses, por los cabilderos que han estado zumbando por las oficina de muchos senadores, e intentarán convencerlos de que esto es una medida positiva”.
Maki Ortiz, presidenta de la Comisión de Salud del Senado, enfatizó su “oposición rotunda” a la medida aprobada por los diputados, que demostró poner los intereses de las empresas por encima de la salud de la población. “Tenemos el deshonroso primer lugar de obesidad infantil del mundo, por eso no podemos arriesgarnos a que las bebidas azucaradas dirigidas a ellos sean más baratas y así aumente el volumen de niños adictos al azúcar”, dice la senadora del PAN.
“Hace dos años apoyamos la visión de grabar con un peso las bebidas azucaradas, con la finalidad de que fuera una política integral a largo plazo contra este gran mal”, acota por su parte Armando Ríos Piter, senador del PRD y miembro de la Comisión de Hacienda. “Si no tomamos medidas de política pública que disminuyan el consumo de azúcar no sólo tenemos un riesgo en la salud, sino también uno presupuestal”.
De acuerdo con Luis Manuel Encarnación, las asociaciones civiles tienen una ventaja sobre los cabildeos y decisiones que se tomen en relación a la Miscelánea Fiscal aprobada por los diputados. Si bien el escenario es complicado, las organizaciones han brindado a los senadores la información y han encontrado la resonancia no sólo de los partidos de izquierda, refiere, sino también del PRI y PAN. “Se debe echar para atrás y regresar el dictamen a los diputados para una nueva discusión”.
El estudio “Carga global de enfermedades atribuibles a bebidas endulzadas” —encabezado por Dariush Mozaffarian, rector de la Escuela Friedman de Políticas y Ciencias de la Nutrición de la Universidad de Tufts, EU— señala que alrededor de 24 mil 100 personas mueren al año en México debido a las consecuencias que genera en la salud el consumo de bebidas azucaradas. En este sentido, toda acción contra este panorama es de urgencia.
“El conjunto de la oferta de comida chatarra genera daños gravísimos a la salud y las medidas para contrarrestarla en el país han sido tímidas y atadas por intereses. Dentro de éstas, la única con solidez es el impuesto, el cual podría ‘diluirse’”, enfatiza Abelardo Ávila. “El retroceso con el impuesto fue doloroso, pero se tiene que responder y decir ‘¡alto!, basta del engaño y daño a la salud’, y las instituciones deben hacerse responsables, así como toda la sociedad”.