*Abogados penalistas y especialistas en derecho constitucional y amparo cuestionaron que la Procuraduría General de la República…
México, D.F. Abogados penalistas y especialistas en derecho constitucional y amparo cuestionaron que la Procuraduría General de la República (PGR) esté abriendo averiguaciones previas por presunto lavado de dinero contra empresarios, líderes sindicales o actores políticos de oposición al Partido Revolucionario Institucional (PRI), en una modalidad que no está contenida en el tipo penal de operaciones con recursos de procedencia ilícita (artículo 400 bis del Código Penal Federal), y viola la Constitución, así como diversos tratados internacionales.
La PGR ha sostenido en el caso específico de Elba Esther Gordillo, que la ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación incurrió en operaciones con recursos de procedencia ilícita, bajo la premisa de que si bien los mil 978 millones de pesos del sindicato magisterial que la maestra desvió a cuentas bancarias personales y al pago de sus tarjetas de crédito, eran recursos lícitos –pues provenían de las aportaciones de miles de maestros–, el dinero se volvió ilícito al momento en que Gordillo Morales usó dolosamente las instituciones financieras o bancarias para fines distintos al destino original que tenía previsto una determinada suma.