Más de 65 mil de las 94 mil armas recuperadas en México en los últimos 5 años, es decir, siete de cada 10, tienen su origen de venta en Estados Unidos y se han convertido en la principal fuente de suministro para armar a los cárteles mexicanos.
No son sólo las 2 mil 500 que ingresaron a través del operativo fracasado «Rápido y Furioso», ni las 500 armas de asalto de la operación «Receptor abierto», en 2006; son en promedio 20 mil armas ilegales por año en el último lustro, y esto se tiene que frenar ya, exigió la Cámara de Diputados a las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación.
El diputado Carlos Cruz Martínez, del PRD, acusó al gobierno de Estados Unidos de avalar y consentir el ingreso ilegal de ese armamento a México.
En un punto de acuerdo promovido por el perredista, la Comisión Permanente exhortó el miércoles a las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación a transmitir al gobierno de Estados Unidos «un enérgico rechazo a todas las operaciones realizadas en territorio mexicano en materia de seguridad binacional, al margen de los mecanismos de cooperación para el combate del narcotráfico y la delincuencia organizada suscritos entre ambos gobiernos».
Cruz Martínez sostuvo que al menos 50 mil 490 asesinatos en el país se han relacionado con el crimen organizado, y señaló que «éste es el precio que México ha pagado en sangre por tratar de evitar que las drogas lleguen a Estados Unidos, además de la pérdida de vidas, entre las que se cuentan las de los oficiales de la DEA asesinados en San Luis Potosí», recordó.
Y es que el 70 por ciento de las 94 mil armas recuperadas en México en los últimos 5 años —65 mil 800— tiene su punto de venta en Estados Unidos y se han convertido en la principal fuente de suministro para armar a los cárteles, denunció.
Lo anterior significa que ese arsenal ingresó ilegalmente en territorio mexicano con el aval y la complacencia del gobierno de Estados Unidos.
Recordó que el subprocurador de Justicia estadunidense, Lanny Brauer, admitió que en el 2006 se permitió la entrada ilegal a México de 500 armas de asalto, como parte de la operación «Receptor abierto», y éstas se suman a las 2 mil 500 del caso «Rápido y furioso».
«Esta actitud del gobierno de Estados Unidos puede considerarse de injerencia y desestabilización, porque ha contribuido a incrementar el poder de fuego de los grupos criminales que han rebasado en algunas regiones al Estado mexicano», advirtió.
Subrayó que las consecuencias han sido «brutales para México porque para los cárteles de la droga, la aprobación de venta de armas de asalto ha sido magnifica, ya que después de 2004, el país se llenó de armamento terrible y de fácil acceso», denunció.