CIUDAD DE MÉXICO, 16 de febrero.- Entre 2008 y 2010, la deuda de estados y municipios se disparó 42.8 por ciento, situándose en los 314 mil 664.5 millones de pesos, reportó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
En su informe de la cuenta pública 2010, la ASF resaltó que el mayor crecimiento de los pasivos se registró en Campeche (765.3 por ciento), Tamaulipas (515.7), Coahuila (315.9), Quintana Roo (235.6), Baja California Sur (156), Morelos (140.7) y Yucatán (132.6 por ciento).
El informe del auditor destacó que entre 2009 y 2010 se observó un crecimiento acelerado del endeudamiento público local, en parte por la disminución de los ingresos respecto del nivel que alcanzaron en 2008, como resultado de los efectos de la crisis financiera y económica internacional, “pero también por el progresivo déficit público acumulado”.
Además se observaron otros pasivos como obligaciones financieras a corto plazo y contingencias con los sistemas de pensiones.
Al respecto, el auditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal, recomendó el establecimiento de reglas que limiten el endeudamiento de los estados; que la regulación financiera sea mejor y que no se permita que en los próximo años se incremente el endeudamiento.
También sugirió que haya una mejor vigilancia por parte de la autoridad y que exista una mayor conciencia en los estados, por sus propios Congresos para que esto no siga creciendo”.
El especialista recordó a los reporteros que no es facultad de la Auditoría Superior examinar las deudas estatales. “No tenemos facultades. Los estados son libres y soberanos; tienen su propia constitución, sus tres poderes y su administración propia”, insistió.
Portal Martínez hizo ver que un efecto importante que tiene el endeudamiento es la falta de ingresos. “Los ingresos que faltan en la Federación repercuten en menos ingresos en los estados. Pero hay muchos estados, sobre todo municipios, que no recaudan nada, están dependiendo de lo que dé la Federación. Creo que esto es algo que debemos buscar que se revierta”, propuso.
Mencionó que la ASF sí tiene facultad para la segunda parte. Y de aquí, “los montos más representativos que corresponden a educación y a salud es donde llevamos a cabo, afortunadamente ya lo podemos hacer desde hace un par de años, una revisión en las 32 entidades”.
Dijo que la cobertura de la Auditoría es de ciento por ciento de los estados e informó que ya se tienen “recuperaciones por seis mil 500 millones de pesos”, tras denunciar irregularidades.
“Esto quiere decir que “en cuanto encontramos desviaciones, aplicaciones indebidas, desviación, hacemos que se reintegre y afortunadamente se está haciendo; antes de que entregáramos el informe, llevamos una cantidad importante”, recalcó.
Elevan multas a empresas tramposas
Los diputados aprobaron por unanimidad la minuta de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, que faculta a las autoridades federales para sancionar, en el ámbito administrativo, los actos de corrupción “en que incurran los particulares —personas físicas o morales— en el
desahogo de procedimientos de contratación pública”.
Las multas que se aplicarían a aquellos que quieran pagar corruptelas a servidores públicos llegarían hasta los tres millones de pesos a las personas físicas, 124 millones en el caso de las empresas corruptoras e inhabilitaciones hasta por diez años para no concursar en ninguna licitación pública, detalló el presidente de la Comisión de la Función Pública, Pablo Escudero Morales.
Interrogado por Excélsior, el legislador del Verde Ecologista juzgó que esta norma será una nueva herramienta que podrá ser utilizada por las autoridades federales, estatales y municipales “para combatir la corrupción, en los procesos de contratación tanto de naturaleza nacional, como internacional”.
“Con la aprobación de la minuta se solventa el vacío legal en el marco jurídico actual, en virtud de que al día de hoy, no se puede sancionar desde el punto de vista administrativo a los particulares que cometan actos de corrupción en los procesos y contrataciones públicas”, anotó.
El diputado del PVEM expuso que se castigará con esta ley a la “persona física o moral que prometa, ofrezca o entregue dinero o cualquier dádiva a un servidor público o tercero, a cambio de que dicho servidor realice o facilite la obtención de un beneficio”.