Con dificultades presupuestales, resistencia de jueces al cambio, deficiencias en la integración de averiguaciones, falta de capacitación de peritos y policías, y cárceles con hacinamiento y alto grado de corrupción, el nuevo sistema de justicia penal mexicano avanza a marchas forzadas.
A cuatro años de haber sido reformada la Constitución para revolucionar el sistema de justicia penal, y a cuatro años, también, de que concluya el plazo para concretarlo, senadores consideran que la mejoría del sistema tardará en llegar.
El 18 de junio de 2008, el Ejecutivo federal publicó en el Diario Oficial reformas emanadas del Congreso, a los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 73, 115 y 123 de la Constitución para reformar dicho sistema.
Resalta el artículo 20, relacionado con los juicios orales, en el cual se señala, entre otras cosas, que el proceso penal será acusatorio y oral. Y que se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración y continuidad, entre otros.
El proceso penal –de acuerdo con la reforma— tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen.
El juez sólo condenará cuando exista convicción de la culpabilidad del procesado; cualquier prueba obtenida mediante violación de derechos fundamentales, será nula.
En materia de delincuencia organizada –establece también la reforma—, las actuaciones realizadas en la fase de investigación podrán tener valor probatorio, cuando no puedan ser reproducidas en juicio o exista riesgo para testigos o víctimas. Lo anterior sin perjuicio del derecho del inculpado de objetarlas o impugnarlas y aportar pruebas en contra.
A decir del panista, Felipe González, presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, algunos jueces se niegan al cambio.
“La falta de cumplimiento a la ley de los juicios orales, al nuevo sistema acusatorio, es lo que está provocando la sobresaturación en cárceles”.
El ex gobernador de Aguascalientes mencionó que debe aumentar el número de jueces penales y consolidar la figura del juez de vigilancia penitenciaria o juez de ejecución de penas o sentencias, así como reglamentar su funcionamiento.
Para su correligionario, Santiago Creel, ex secretario de Gobernación, llevar a cabo la reforma requiere de recursos, los cuales apenas empiezan a ser liberados.
También se requiere –dijo Creel— de capacitación por parte de los jueces y de los ministerios públicos, para lo cual se necesita apoyo de los gobiernos locales.
Pero además “se requiere que los abogados empiecen a capacitarse, que las universidades abran nuevas materias de juicios orales, es toda una nueva materia en todas las escuelas de derecho; se tienen que cambiar los programas de carácter académico”.
El ex titular de Gobernación subrayó que el sistema acusatorio permitirá tener juicios penales transparentes, que se sepa con claridad a quién se acusa, por qué se le acusa, cuáles son los fundamentos, las pruebas, y por qué el juez decide una sentencia de una manera o de otra.
Por su parte el senador pevemista Tomás Torres consideró fundamental cambiar la cultura de un sistema tradicional mixto a un sistema puramente acusatorio, oral.
“Hay una dificultad para instrumentarlo y es justamente la cultura nacional. Hay una cuestión, además, que para instrumentar este sistema es necesaria una policía científica, especializada, confiable, profesional y un cuerpo de peritos con ese mismo rango.
“No tenemos ni un centímetro de avance para la instrumentación. No es un asunto de especializar a los jueces y ya, es capacitar a los auxiliares en el proceso, que soportan una acusación que son policías, peritos”, dijo.
Señaló que aunque no se percibe que los jueces se resistan al cambio de sistema, tampoco se ve una disposición plena.
El legislador por el PVEM añadió que es necesario hacer un diagnóstico serio, sin cálculo político, sobre si se tiene una policía preparada y peritos especializados para sostener una acusación; si se tiene capacidad policíaca para darle garantía de salvaguarda la integridad de los testigos y su familia.
El secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, en declaraciones públicas, dijo sin nombrarlas que tres entidades federativas han implementado en su totalidad el nuevo sistema, y otras siete lo han llevado a cabo de manera parcial.
Por lo mismo, comentó, los estados deben acelerar el paso para que en 2016 la totalidad del país esté operando con el nuevo sistema de juicios orales.
Refirió que el gobierno federal firmó un acuerdo con las entidades para que éstas cuenten con recursos para infraestructura. Para ello se destinaron doce mil millones de pesos en financiamiento, a través de Banobras, con lo que se construirán salas de audiencia para los juicios orales, crear y renovar infraestructura penitenciaria y establecer Centros de Evaluación y de Control de Confianza.
“Es decir, 12 mil millones de pesos en financiamiento a través de Banobras, que va a fondo perdido, del cual sólo se pagará el capital; 400 millones de pesos para los proyectos ejecutivos y el pago de intereses se inicia a partir del año 2013”, precisó.