Por: Manuel Narváez Narváez
mnarvaez2008@hotmail.com
Twitter: manuelnarvaez65
Aún el IFE no aprueba las solicitudes de registros de las candidaturas presidenciales, y a diez días de que ésta inicie formal y legalmente, pero ya Josefina, Peña Nieto y AMLO se lanzaron los primeros ganchos al hígado de lo que promete será la contienda electoral más calientita de los últimos años.
La panista lanzó el primero cuando presentó la documentación para su registro ante el árbitro electoral. Además de los requisitos que exige la Constitución para ser elegible como candidata, Vázquez Mota entregó también resultados de un examen toxicológico, comúnmente conocido como Antidoping. Igualmente presentó la documentación de una prueba de Polígrafo, o de confianza como se le dice coloquialmente.
Ninguna legislación contempla estos requisitos, sin embargo, Josefina los entregó a Leonardo Valdéz, consejero presidente del IFE.
Más tardó la aspirante en presentarlos que López Obrador en sumarse a la propuesta, pero acompañada de otro requisito: la declaración patrimonial. A ésta nueva sugerencia, el boconcito de Javier Lozano, ex secretario del trabajo, candidato al senado y nuevo vocero del PAN, la refutó a su promotor exigiéndole que aclarara de qué ha vivido los últimos 5 años.
El tabasqueño replicó lo que desde hace mucho viene diciendo, que recibe 50 mil mensuales de una Asociación Civil, que tiene una cuenta de cheques con 20 mil pesos y que posee una propiedad en Palenque, Chiapas, que su padre le heredó.
Aludido, Enrique Peña Nieto criticó la actitud de Josefina, arguyendo que solo buscó la nota; aún así, hizo la contrapropuesta de que el Antidoping se haga en la UNAM.
Como recordatorio, hace muchos años que los congresos locales y el federal se niegan a aprobar como requisitos para cualesquier puesto de elección popular la prueba del Polígrafo, el examen toxicológico y la declaración patrimonial pública.
Estos requisitos ya deberían estar en la legislación hasta por default, y no tan solo eso, sino también la revocación de mandato para que los gobernantes y todos aquellos que ejercen cargos o responsabilidades de decisión jurisdiccional en los tres poderes y en los tres órdenes de gobierno, abandonen el cargo si incumplen promesas de campaña o consientan la impunidad, según sea el caso.
A estas alturas de nuestra vapuleada democracia resulta absurdo e incongruente que no existan filtros de confianza patrimonial, salud personal y honestidad para quienes pretenden gobernarnos.
Es chocante mencionarlo una y otra vez, pero no podemos callarnos. Con toda la desconfianza que existe entre el electorado hacia los gobernantes y el descrédito al que éstos han arrastrado a la ética política, al servicio público y a la justicia misma, es imperativo que al menos los aspirantes a la presidencia de México, en un gesto de honor, si es que lo tienen, accedan a practicárselos voluntariamente.
No importa que se hagan tres pruebas o exámenes de confianza y antidoping, lo que importa es que lo hagan y den señales de estar limpios. La UNAM, la PGR y la PGJ del DF son instituciones confiables a las que pueden recurrir sin distinción. La declaración patrimonial la pueden conseguir ante la Fe Pública de Notario prestigiado de la Ciudad de México.
La mejor manera de atajar las insinuaciones, las especulaciones y las insidias, es dándole confianza al elector, independientemente de lo que la legislación omite. El que no lo haga es porque tiene la lengua larga como iguana y la cola de dinosaurio.
P.D. Todavía no se resuelven las impugnaciones de las batidas elecciones de candidatos a senadores del PAN en los estados de Chihuahua, Veracruz y Jalisco, pero el panismo del D.F. ya levantó la mano por las mismas linduras. Lía Limón es la nueva víctima del ingrato al que le juntaba lana en 2006.