Un juez federal otorgó un amparo a Enrique Ledezma Sánchez, ex subadministrador del Servicio de Administración Tributaria de Coahuila (SATEC) y vinculado con la obtención de créditos bancarios ilegales que derivaron en un endeudamiento millonario del estado durante el gobierno del priista Humberto Moreira.
Sin embargo, la protección al ex funcionario sólo es para efectos de que el juez penal del caso precise los medios de prueba que lo llevaron a dictar auto de formal prisión en su contra por el delito de fraude por simulación de acto jurídico, del cual lo acusa la Fiscalía de la entidad.
Así, el juzgador tiene libertad para emitir una nueva resolución, que puede ser en el mismo sentido u otro, aunque justificada por las evidencias a su alcance.
Este proceso es distinto al investigado por la PGR, que ha logrado órdenes de aprehensión contra él y otros seis funcionarios por el ilícito de quebranto o perjuicio patrimonial, contemplado en la Ley de Instituciones de Crédito y sancionado con prisión de ocho a 15 años.
Ledezma y otros cuatro ex servidores públicos de SATEC son considerados prófugos de la justicia e incluso se ha activado su búsqueda internacional en 178 países.
Los otros dos implicados son Jaime René Jiménez Flores, ex director de Deuda Pública de Entidades y Municipios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y Jorge López Alarcón, ex jefe de departamento adscrito a la misma unidad, quienes están en el Reclusorio Norte.
Los siete funcionarios han sido vinculados con créditos irregulares por al menos 5 mil 300 millones de pesos.
Según la PGR, para adquirirlos presentaron documentación falsa, “consistente en un decreto donde supuestamente el Congreso de Coahuila autorizaba al gobierno endeudarse y que se afectaran en garantía de pago los ingresos de las participaciones federales”.
En la firma de contratos se usaron sellos falsos y se alteraron documentos.