P>El general Mario Arturo Acosta Chaparro ocupó un lugar de privilegio en la lucha contrainsurgente de los años 70, también conocida como los años de la guerra sucia.
Ligó su destino al de la lucha contra la guerrilla en México desde el año de 1974 en que participó en la liberación de Rubén Figueroa, gobernador electo de Guerrero, secuestrado por el Partido de los Pobres encabezado por Lucio Cabañas. Desde entonces se especializó en asesorar al Estado mexicano en la lucha contra la subversión.
En el año de 1990 él generó un famoso reporte confidencial de inteligencia sobre el estado de la guerrilla en México, que es un listado de los grupos armados existentes, según él, en ese momento, con largas listas de nombres y actividades subversivas. Pretendía justificar así ante el gobierno federal la necesidad de mantener presupuesto para la encubierta lucha contrainsurgente.
El reporte traía mal nombres de grupos y personas —muchas de ellas incluso amnistiadas desde 1978— y además sustentaba sus argumentos en una gran conspiración comunista con sede en la Unión Soviética, pero cuando el Muro de Berlín ya había caído.
Aunque fue acusado múltiples veces por genocidio y crímenes de lesa humanidad, respaldados siempre por testimonios de quienes dicen haber sido sus víctimas, el general visitó la cárcel por otro motivo: su presunta colaboración en el tráfico de drogas. Fue procesado en agosto del año 2000 por presuntos vínculos con el cártel de Juárez que lideró Amado Carrillo. El juicio se llevó también por el delito de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita. El 1 de noviembre de 2002, Acosta Chaparro fue sentenciado a 15 y 16 años y medio de prisión por sus supuestos nexos y protección al cártel de Juárez.
En 2005, un tribunal federal anuló en definitiva el Consejo de Guerra que lo declaró culpable de narcotráfico, y en 2007 las procuradurías General de la República (PGR) y de Justicia Militar (PJM) dijeron no haber podido acreditar sus presuntos nexos con el crimen organizado.
Tras declarar la inocencia del citado general y la que le otorgó un tribunal federal, concluyó uno de los casos más relevantes de presunta relación de militares con narcotraficantes.
De manera paralela se le inició proceso bajo las acusaciones de violar los derechos humanos mediante la desaparición y asesinato de guerrilleros durante la llamada guerra sucia de las décadas de 1970 y 1980. Pese a que fueron presentados cargos en su contra, nunca fue detenido por esos señalamientos, luego de que un juez determinó que no tenía responsabilidad. Por el contrario, se le devolvieron los grados militares que se le habían quitado por su sentencia, y se le nombró militar ejemplar.
En alguna de sus raras apariciones en la prensa siempre sostuvo que al combatir a los guerrilleros contribuyó a la paz social y a incrementar las libertades de este país, evitándole ser un ariete más del comunismo internacional.
En los últimos años se le mencionó como asesor en Seguridad en el estado de Guerrero, durante el gobierno de Zeferino Torreblanca.
Hace dos años sufrió un primer atentado contra su vida. Por razones todavía no aclaradas, resultó herido en el tórax la madrugada del 19 de mayo de 2010, al ser baleado por un sujeto en la colonia Roma de la ciudad de México. Ayer, el polémico general falleció por un segundo atentado con arma de fuego, en la colonia Anáhuac del DF.