CIUDAD VICTORIA, 27 de mayo.- Autoridades federales dieron a conocer ayer que personal de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO)cateó propiedades del ex gobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington Ruvalcaba y tres empresarios presuntos implicados en el caso de lavado de dinero.
Los operativos se llevaron a cabo en el transcurso de esta semana en municipios como Matamoros y Ciudad Victoria, en fraccionamientos residenciales, donde se ubican las mansiones, de acuerdo con fuentes de la Procuraduría General de la República (PGR).
Los empresarios Fernando Cano Martínez, Farough Fatemi Corcuera y Napoleón Rodríguez de la Garza son los involucrados en la investigación por supuestas actividades ilícitas.
En la Ciudad de México, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI informó que suspendió todos sus derechos como militante de este instituto al ex gobernador de Tamaulipas.
Catean bienes de Yarrington
En los últimos días, fueron cateadas propiedades del ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, y de los empresarios, supuestos prestanombres del mandatario, Fernando Cano Martínez, Farough Fatemi Corcuera y Napoleón Rodríguez, involucrados en una investigación por presuntas actividades ilícitas.
De acuerdo con fuentes de la Procuraduría General de la República (PGR), en el transcurso de esta semana se llevaron a cabo estas actividades en distintos municipios del estado, como Matamoros y Ciudad Victoria, en fraccionamientos residenciales o incluso en áreas alejadas de la mancha urbana, donde se ubican estos inmuebles.
Según fuentes consultadas por Excélsior, las investigaciones corren actualmente a cargo de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).
Esta instancia, que depende de la PGR, es la que indaga directamente al ex funcionario y a sus supuestos auxiliares en la adquisición de inmuebles.
La información establece que las casas de Yarrington Ruvalcaba y las de Napoleón Rodríguez de la Garza, así como una ferretera de este último, habrían sido cateadas en el municipio fronterizo de Matamoros.
En tanto, que las propiedades de Cano Martínez y Fatemi Corcuera fueron revisadas en la capital del estado, Ciudad Victoria.
Según las fuentes, los inmuebles pertenecientes a Cano se localizan en el Fraccionamiento Valle de Aguayo.
El pasado martes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó dos demandas ante cortes federales para decomisar propiedades que Yarrington habría adquirido en Texas, a través de supuestos prestanombres, con recursos presuntamente provenientes del crimen organizado, además de haber cometido fraudes en distintas instituciones bancarias.
Como parte de este caso, autoridades judiciales de Estados Unidos buscan presuntamente incautar inmuebles en San Antonio y South Padre Island, Texas.
En su edición de ayer, este diario publicó que este socio del ex gobernador tiene un historial que lo señala como supuesto autor de fraudes que suman hasta 20 millones de dólares. Además, está señalado de haber porporcionado información falsa a bancos.
Por su parte, los bienes de Fatemi Corcuera podrían ubicarse en una construcción localizada a la altura del kilómetro nueve de la carretera Victoria-Monterrey.
Aunque esto no fue confirmado oficialmente, vecinos de esos puntos advirtieron de la presencia de personal policial, lo que levantó sospechas y temor entre los mismos.
Los habitantes de los sitios revisados compartieron que los agentes no especificaron la institución de seguridad a la que pertenecen.
En todos los casos mencionados, se establece que las computadoras y la documentación que presuntamente permitiría avanzar en las indagatorias fueron asegurados y trasladados a las instalaciones de la SIEDO en la Ciudad de México, por personal de esta instancia judicial.
Asimismo, agentes de la PGR buscaron elementos de prueba en el domicilio en las calles 16 y 17 de la colonia Loma Prieta, en la capital del estado, pertenecientes al empresario Eduardo Rodríguez Berlanga.
Prestanombres declara en la SIEDO
Napoleón Rodríguez de la Garza rindió ayer su declaración en las instalaciones de la SIEDO.
Autoridades federales señalaron que Rodríguez de la Garza se encuentra en calidad de presentado, por lo que en las próximas horas el agente del Ministerio Público federal determinará su situación jurídica.
De acuerdo con las investigaciones, esta persona fue trasladada por agentes federales de Matamoros a la Ciudad de México, únicamente para rendir su testimonio ante la instancia de procuración de justicia.
Rodríguez de la Garza es señalado como prestanombres en el caso de lavado de dinero que autoridades de Estados Unidos abrieron contra el mandatario que gobernó la entidad entre 1999 y 2004.
Sin embargo, no es la primera vez que Yarrington se ve involucrado en una acusación sobre presuntos nexos con grupos de la delincuencia organizada.
Al concluir su adminsitración, el ex diputado federal por el Partido del Trabajo Juan Antonio Guajardo Anzaldúa señaló al gobernador tamaulipeco de ser “el brazo político” del cártel del Golfo.
Su nombre figuró en investigaciones que realizó la PGR, aunque nunca llegó a quedar en calidad de indiciado.
PRI suspendió derechos al ex gobernador
En una sesión convocada de emergencia, el Partido Revolucionario Institucional ordenó la suspensión de todos sus derechos como militante del partido al ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington.
Esto “en tanto se determina, por los tribunales competentes, la situación legal” del ex funcionario actualmente investigado por la Procuraduría General de la República (PGR) por presuntos nexos con el crimen organizado.
Así lo informó Homero Díaz Rodríguez, presidente de la Comisión de Justicia del PRI, luego de que en sesión extraordinaria el pleno de esta fracción del PRI discutió y aprobó por unanimidad “la solicitud de suspensión de Tomás Jesús Yarrington Ruvalcaba en sus derechos de militante”.
Este trámite se llevó a cabo tras la solicitud que formuló el presidente del Comité Ejecutivo Nacional de esta agrupación política, Pedro Joaquín Coldwell.
La Comisión acordó la anulación de derechos de acuerdo con sus propios estatutos y documentos.
“(El partido) ordenó darle el trámite estatutario procedente”, indicó Díaz.
Por lo anterior, Yarrington Ruvalcaba quedó inmediatamente suspendido en sus derechos de militante.
Cabe recordar que el propio Joaquín Coldwell (una vez que se difundió la noticia en el sentido de que al ex mandatario tamaulipeco se le siguen procesos en los Estados Unidos) exhortó al ex gobernador que “colabore con las autoridades que lo investigan para que se aclare su situación jurídica”.
Por ello, y como medida para facilitar que dichas investigaciones se lleven a cabo al margen del proceso electoral que actualmente se vive en el país, el presidente de los priistas había solicitado a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del mismo PRI que suspendiera a Yarrington en sus derechos de militante.
Conviene recordar que desde el jueves pasado tanto el tricolor como su abanderado a la Presidencia, Enrique Peña Nieto, ya se habían deslindado cabalmente del accionar de su ahora militante suspendido.
El candidato de la coalición Compromiso por México expuso que Yarrington Ruvalcaba debía hacerse responsable de sus actos y esclarecer su actuación presuntamente ilegal en Estados Unidos, “en la instancia que corresponda”.
Horas después, en un encuentro público, Peña Nieto dijo a simpatizantes y militantes del PRI que era hora de “romper con el pasado” y que en el proyecto que enarbolaba “no había cabida” a encubrimientos, corrupción ni impunidad”.
Peña Nieto mencionó que no iba a permitir que personajes “polémicos” de su partido le trocaran su campaña en pos de Los Pinos.
Como antecedente, cabe señalar que en el PRI se han suspendido los derechos de militancia a personajes como el ex director de Pemex y ex legislador, Jorge Díaz Serrano, así como al ex líder del sindicato petrolero, Joaquín Hernández Galicia, La Quina, ambos en la década de los ochenta.
En estos dos casos, más allá de su situación legal (ambos estuvieron en prisión) se dijo que los arrestos obedecían a supuestas venganzas políticas de los otrora presidentes Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari.