El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Silva pidió que la reforma en materia penal, no quede anclada en el idealismo
El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Silva pidió que la reforma en materia penal, publicada hace cuatro años y que implementa los juicios orales, no quede anclada en el idealismo.
Silva Meza lamentó que actualmente únicamente tres entidades federativas, Chihuahua, Estado de México y Morelos, han logrado establecer la operación total de la reforma; el plazo límite, establecido en la Constitución, para que todos los estados de la república implementen la reforma en su totalidad vence en 2016.
“No permitamos que la reforma al sistema de justicia penal quede anclada en el idealismo, dejemos que permee en la realidad cotidiana y tangible de la gente, reiteró desde aquí, que nuestra voluntad y esfuerzo necesita ser reforzado por el trabajo indispensable de los otros poderes de la Unión y los demás niveles de gobierno”, sostuvo al inaugurar el Curso de especialización en Sistema Acusatorio.
En su mensaje destacó que a la fecha sólo estos tres estados del país cuentan con una instancia encargada de coordinar evaluar y dar seguimiento a la operación del nuevo sistema, poseen la normatividad básica e intermedia en vigencia y se encuentran en completa operación del nuevo sistema acusatorio penal en todo el territorio y en todos los tipos de delitos.
Actualmente siete entidades del país se encuentran en operación parcial, tres en etapa de entrada en vigencia, 16 en etapa de planeación y tres que se encuentran en la etapa inicial.
“Si el diagnóstico a nivel estatal resulta inquietante, también nos preocupa que a nivel federal haya una agenda legislativa de trascendental importancia para la reforma penal, que aún no ha sido desahogada”, dijo.
El 19 de junio del 2008 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto de promulgación suscrito por el Presidente de la República, por el que se hacía saber a la ciudadanía de un conjunto de modificaciones constitucionales, conocidas como la reforma penal de los juicios orales.