CIUDAD DE MÉXICO, 30 de mayo.- Después del atentado que sufrieron los centros de distribución de Sabritas en Apatizingán, Lázaro Cárdenas y Uruapan, en Michoacán; así como en Salvatierra y Celaya, en Guanajuato, la Asociación Nacional de Abarroteros Mayoristas (ANAM) reconoció afectaciones por la violencia en sus operaciones.
Iñaki Landáburu, director general de la asociación, calificó el hecho como lamentable y abundó que “es preocupante que cualquier empresa sufra de la criminalidad que estamos viviendo en todo el país”.
Respecto del impacto por la inseguridad y violencia en las operaciones de los abarroteros, reconoció que Sinaloa es uno de los estados donde más se han visto afectados, ya que el principal problema es el robo a sus unidades.
Sin embargo, afirmó que la incidencia disminuyó después de que implementaron un programa en alianza con el gobierno del estado.
Landáburu enfatizó que otras regiones problemáticas son Tamaulipas y el Bajío, pero a causa de la ola de violencia las compañías abarroteras han incrementado la inversión en seguridad.
“Hemos tenido que invertir en vigilancia, controles satelitales, entre otros”, comentó Landáburu.
Toman previsiones
Tras los ataques, PepsiCo está tomando medidas para restablecer la operación de sus centros de distribución afectados a la brevedad posible.
Pero esta compañía no es la única con presencia en Michoacán (donde los atentados fueron más graves); también hay otras firmas en la región que deben enfrentar la violencia.
En los grandes corporativos el problema va más allá del cobro de “piso”, que provoca el cierre de pequeños comercios en los estados con mayores índices de violencia. Pero mientras Sabritas lamenta los ataques, analistas financieros ven en el incendio de sus bodegas un anuncio claro de que la violencia afecta a los negocios en el país.