Analizará relator de la ONU ola de violencia

Con alrededor de 27 mil desaparecidos en México y cerca de 70 mil homicidios vinculados al crimen organizado en el último sexenio, a las que se suman más de 2 mil 500 homicidios en los primeros cuatro meses de esta administración, de acuerdo con cifras oficiales, es el escenario estadístico con el que inicia su visita de trabajo al país, el relator especial de las Naciones Unidas sobre las Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, Christof Heyns.

Llega con un mandato claro: recopilar la información “de primera mano” de fuentes oficiales y de organizaciones no gubernamentales, sobre la situación que impera en el país en este rubro. Aunque también se reunirá con víctimas y testigos de Chihuahua, Guerrero y Nuevo León.

El experto sudafricano evaluará la dimensión de las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias en el territorio nacional, que en este caso no sólo se vinculan a los casos en los que pudieran haber intervenido agentes estatales, pues el escenario de violencia que prevalece por la operación de las organizaciones criminales como las del narcotráfico, ofrecen características particulares al Relator, indicaron autoridades federales.

Durante su primer día de trabajo —para cumplir una agenda que culmina el 2 de mayo—, Heyns se reunió con altos funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR).

Desde 1999, esta es la primera visita a México que realiza un experto independiente encargado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para investigar e informar sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias en el territorio nacional. En este caso por invitación del gobierno federal.

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que Heyns sostendrá más de 25 reuniones con alrededor de 100 funcionarios federales y estatales de las Secretarías de Marina y de la Defensa Nacional; con Juan Silva Meza, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además de representantes de ambas Cámaras del Congreso de la Unión; con la CNDH, la sociedad civil y académicos.