Aprueba el Senado ruso polémica ley sobre mítines y actos públicos

La cámara alta del Parlamento de Rusia aprobó hoy un polémico proyecto de ley que eleva 150 veces las multas para las personas que participen en manifestaciones no autorizadas, entre otros artículos cuestionados.

El Senado ruso ratificó la ley que endurece las sanciones a los manifestantes que incumplan la normativa para la celebración de mítines y actos públicos.

La nueva norma, aprobada ya por los diputados, y que establece multas de hasta unos seis mil dólares, sólo necesita la firma del presidente Vladimir Putin para convertirse en ley.

El Consejo de la Federación votó 132-1 para apoyar el proyecto de ley después de un breve debate, reportó la agencia rusa de noticias RIA Novosti.

En la cámara baja la oposición presentó varios centenares de enmiendas en un intento sin precedente para bloquear la aprobación del proyecto, sin embargo fueron derrotados por la oficialista Rusia Unida.

Ante el enorme descontento creado por la ley, el presidente Putin analizará todas las objeciones antes de promulgarla, señaló el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

El anuncio se da en repuesta a las declaraciones de Mijail Fedotov, titular del Consejo de Derechos Humanos adjunto al jefe de Estado, quien anunció que podría pedir a Putin vetar la polémica ley.

La reforma aprobada establece multas de hasta nueve mil dólares, sustituibles por hasta 200 horas de trabajo social, para particulares que incumplan las normas de celebración de los actos públicos.

Otra de las novedades es que la ley prevé la creación de lugares específicos destinados a la celebración de manifestaciones y debates públicos, similares al famoso Speakers’ Corner (Rincón de los Oradores) de Hyde Park londinense.

La oposición al Kremlin considera que la ley pretende acallar el ánimo contestatario en la sociedad rusa, escenario desde diciembre pasado de las mayores protestas contra el gobierno desde la caída de la Unión Soviética.

Alexei Kudrin, ex ministro de Finanzas y líder del opositor Comité de Iniciativas Ciudadanas, afirmó que la norma vulnera varios libertades y derechos fundamentales de los rusos, como el de reunión y manifestación pacífica, y pidió al Parlamento revisarla.