México • La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de reforma a la Ley General de Víctimas, con la que el Estado, a través de sus tres niveles de gobierno, deberá garantizar y salvaguardar los derechos de los afectados.
Con 448 votos a favor, cero en contra y tres abstenciones se avaló el dictamen elaborado por la Comisión de Justicia, que prevé modificaciones a 180 artículos, muchos de ellos propuestos por las organizaciones Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, México SOS, Causa en Común y Alto al Secuestro.
Al presentar el dictamen ante el pleno, el presidente de dicho órgano legislativo, Ricardo Pacheco, destacó los avances que incorpora la ley, ya que se emplea una noción amplia de víctima en la que quedan incluidos todos los que sufran las consecuencias de la delincuencia.
Precisó que se considera víctima a quien haya sufrido daños físico-moral, físico o mental en sus bienes jurídicos o derechos de forma directa o indirecta.
En tanto, la noción de daño incluye lesiones corporales, morales o materiales, la pérdida de la vida o de ingresos y los costos que esto tenga para la víctima.
El documento, enviado al Ejecutivo federal, incluye también el concepto de “víctimas potenciales”, es decir, aquellas personas cuya integridad física o derechos peligren por prestar asistencia a una víctima, ya sea por impedir o detener la violación de derechos o la comisión de un delito.
La ley establece la obligación del Estado (específicamente de los tres órdenes de gobierno) de garantizar y salvaguardar los derechos de las víctimas directas, indirectas y potenciales.
Al fijar el opinión del PRI, María del Rocío Corona dijo que es urgente dar atención y protección a los familiares de las víctimas “que han sobrevivido al horror”.
Dijo que la legislación reconoce su obligación del Estado con ese sector y mencionó que su bancada apoyará su cumplimiento para lograr una paz duradera.
La panista Karina Labastida destacó la necesidad de contar con un marco jurídico que complemente la protección de las víctimas y exigió a los tres niveles de gobierno perseguir a las organizaciones criminales que atentan contra la sociedad.
Desde la tribuna, la diputada del PRD Margarita Tapia celebró los cambios aprobados y recordó el “trámite difícil” de esta ley, debido a que el ex presidente Felipe Calderón “la satanizó”.
La legislación reconoce los derechos de las víctimas afectadas en sus garantías, así como aquellas que son blancos de delitos, además de crear la figura de “reparación integral de daños” con el pago de indemnizaciones y atención especializada.
Para ello se establecerá el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, que se conformará con recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, pero también con los generados por la venta de bienes decomisados en procesos penales o de fianzas, multas, sanciones y donaciones, entre otros.
Entre los aspectos más relevantes de la ley destaca la creación del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, en el que participarán instancias de los tres órdenes de gobierno, así como sectores de la sociedad.
Claves
Controversia
El 25 de abril de 2011 el Senado aprobó la ley de víctimas. Cuatro meses después la Comisión Permanente devolvió por unanimidad las observaciones hechas por el Ejecutivo.
El gobierno del presidente Felipe Calderón interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional, por lo que la ley no fue promulgada. El argumento es que tenía inconsistencias jurídicas.
El 9 de enero de este año el presidente Enrique Peña Nieto ordenó a la PGR desistirse del recurso y publicó la ley en el Diario Oficial de la Federación. Los diputados la aprobaron ayer con solo tres abstenciones.