La Cámara de Diputados aprobó la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, la cual crea toda una estructura especializada en el ámbito judicial, como Ministerios Públicos, defensores y jueces de distrito, para tratar casos de adolescentes, y garantizar sus derechos.
La ley aplica al fuero federal, está dirigida a quienes tengan entre 12 años y menores de 18, a través de un marco jurídico denominado Sistema Federal de Justicia para Adolescentes; actualmente para estos delitos aplica el Código Penal Federal, y dependiendo del delito bajan las penas y la canalización se hace a reformatorios.
La medida de internamiento permanente se incluye como la más grave y no podrá ser inferior a un año ni mayor a cinco años para quienes tengan entre 14 y menos de 16 años una edad, ni inferior a dos años ni superior a siete años cuando tenga entre 16 y menos de 18 años de edad.
El pleno aprobó la minuta enviada por el Senado, por 381 votos a favor, 19 en contra y 22 abstenciones, y pasó al Ejecutivo federal para su publicación. La ley —que entrará en vigor dos años después de que sea publicada para permitir su aplicación— prohíbe aplicar la Ley Federal contra Delincuencia Organizada a adolescentes en ese rango de edad.
La iniciativa fue presentada en el Senado en 2009 por el hoy presidente de la Cámara de Diputados Jesús Murillo Karam (PRI), en respuesta a la reforma de 2005 del artículo 18 de la Constitución para crear un sistema de justicia para adolescentes.
La ley permite que un adolescente sea controlado con fuerza o instrumentos de coerción para impedir que lesione a otros o cause daños y se utilice la fuerza contra éste cuando se hayan agotado otros mecanismos no coercitivos, con “el medio menos lesivo”.
En los artículos transitorios obliga a emitir en seis meses los “protocolos de actuación para el uso de la fuerza”, sin embargo Lilia Aguilar (PT) advirtió que con esto se permite la “tortura” a adolescentes, violando sus derechos humanos, y deja fuera la oralidad.
Alejandro Carbajal (PRD) criticó la ley y refirió “los 101 mil 109 muertos en este sexenio”, lo que fue rebatido por Karina Labastida (PAN), quien pidió echar la culpa “a aquellos gobernadores de los estados que no han sabido hacer la chamba y han venido a pedirle a Felipe Calderón que saque la casta por ellos”.
Francisco Coronato (MC) señaló que la ley corresponde al sistema inquisitivo y no al acusatorio adversarial, por lo que resulta “obsoleta”, y habrá que elaborar una nueva.
En defensa, Héctor Gutiérrez (PRI) aceptó que la ley no es perfecta, y sí perfectible, y debe adaptarse a las nuevas circunstancias; pidió no poner excusas y recordó que tienen dos años para avalar una nueva ley.
Se señala que la autoridad deberá comprobar que un detenido no tiene entre 12 y menos de 18 años, y ante la duda deberá dejarlo libre. Además se incluyen recursos de apelación, revocación y quejas para revertir una determinación.