El Senado puso en marcha el proceso de armonización de la Ley General contra la Trata de Personas, en el que participan los congresos estatales, organizaciones civiles y representantes de los Poderes Ejecutivo y Judicial.
La senadora Adriana Dávila Fernández (PAN) precisó, al instalar la Conferencia Nacional de Legisladoras y Legisladores contra la Trata de Personas, que se busca que todas las legislaciones locales tengan las misma orientación jurídica para combatir este delito.
«La mayor parte de las veces que acudíamos a algún foro el tema principal era que: en tal estado no hay ley; en otro estado tampoco. Aunque todos tienen en su Código Penal tipificado la trata de personas como un delito, en la mayoría de los estados tenemos severas complicaciones para aplicar la política pública en esta materia».
Frente a diputados locales de todo el país, la legisladora explicó que este problema también tiene que ver con la prevención, es decir, con la aplicación de políticas públicas y con la coordinación entre los tres Poderes de la Unión y con la colaboración de la sociedad civil, y con las entidades federativas.
La presidenta de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta, Angélica de la Peña (PRD), propuso que esta armonización se ajuste con el Protocolo de Palermo; elaborando políticas de prevención en conjunto con los municipios para desalentar la comisión de este delito, y realizando un mapa con los focos rojos.
El quinto visitador de la CNDH, Fernando Batista, sostuvo que el gran problema es la impunidad; de 2009 a 2012 se iniciaron 906 averiguaciones previas a nivel nacional, de las cuales 396 derivaron en una consignación y 91 terminaron en sentencia condenatoria.