CIUDAD DE MÉXICO, 5 de octubre.- El grupo parlamentario del PAN propuso en la Cámara de Diputados que los actos administrativos de entrega-recepción que realizan los servidores públicos de las dependencias federales sean materia de rendición de cuentas, a fin de que los ciudadanos puedan acceder a los datos y las situaciones presupuestales de las secretarias federales, así como de los gobiernos de los estados y municipios.
La idea es que todos estos funcionarios al separarse de su empleo o comisión, deberán rendir un informe de los asuntos a su cargo y de la situación que guardan, al tiempo de entregar los recursos financieros, humanos y materiales que tengan asignados para el ejercicio de sus atribuciones legales, así como la documentación y los archivos ordenados y clasificados, a quienes los sustituyan en sus funciones.
La propuesta prevé que el servidor público saliente que no rinda este informe ni los recursos que tuvo a su mando, será requerido por el órgano interno de control en la dependencia o entidad de que se trate, para que cumpla con esta obligación en un plazo no mayor de 15 días hábiles desde su separación.
Presentado por la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, el proyecto busca reformar diversas disposiciones de la leyes federales de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
La legisladora argumenta en su iniciativa que en los tres ámbitos de gobierno, el federal, estatal y municipal, deben de existir mecanismos rigurosos de transparentar las actividades de sus autoridades, así como un cambio en la legislación que obligue a su difusión en los sitios oficiales de internet.
Destaca que desde que entró en operación el marco jurídico correspondiente, en la década anterior, “uno de los actos administrativos que no han sido contemplados en los actos a transparentarse son las actas entrega-recepción que realizan los sujetos obligados”.
La diputada federal por Veracruz indica que “el acta administrativa de entrega-recepción siempre se ha considerado sólo un mecanismo para fincar responsabilidades, ya sean administrativas o penales, por lo que existe una repulsión natural a realizarla, y regularmente los funcionarios públicos la consideran mero acto burocrático que debería desaparecer, pues ellos avanzan por el camino de la informalidad”.
Pero en realidad, plantea la panista, “el empleo del acta administrativa significa claramente el complemento de la honestidad con la que el funcionario público desarrolló su función, pero también el empleo del acta entrega-recepción coadyuva a delimitar responsabilidades de quienes reciben y entregan”.
Plantea que resulta indispensable establecer los sistemas de evaluación señalados en la Ley Federal de Acceso a la Información Pública, de tal manera que haya una obligatoriedad de informar en todo momento del avance de los proyectos, programas o acciones que se estén realizando.
“Las acciones de la evaluación se deben complementar con un verdadero sistema de registros y archivos, de tal forma que el responsable tenga la capacidad de informar en todo momento del estado del trámite en que se encuentra cada uno de los programas o expedientes”, detalla García Rojas.
Sostiene en la exposición de motivos que toda vez que se trata de un acto relevante y ordinario en los cambios de la administración pública, éste debe estar regulado en las normatividades mexicanas.
“Por eso consideramos que establecer el acta de entrega-recepción en la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos, y también establecer en los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que rigen en la actualidad, acotando la obligación de la función pública de publicar en las páginas de internet todas las actas de entrega-recepción que se generen, otorgándole así un mecanismo de conocimiento a la ciudadanía sobre lo que aconteció en la administración del funcionario”, se detalla en la propuesta.
Reporte de recursos
Los funcionarios deberán reportar los recursos financieros, humanos y materiales que entregan en su ejercicio.
La iniciativa busca que la difusión de estos documentos aplique desde el nivel de jefe departamental hasta el nivel de director general en el sector centralizado, gerente o sus equivalentes en el sector paraestatal, así como a los órganos administrativos desconcentrados y a la PGR.
Además, el servidor público saliente deberá entregar un libro blanco y o memoria documental, como lo determine el acuerdo que para tal efecto emita la Secretaría de la Función Pública.
La entrega-recepción se efectuará por escrito mediante acta administrativa que describa el estado que guarde la dependencia, entidad o unidad administrativa de que se trate.
De ser el caso, el informe de los asuntos a su cargo deberá incluir un apartado de las acciones y compromisos en proceso.
Se deberá indicar la situación presupuestal que guarda el despacho, cuentas bancarias, estados financieros, auditorías, y la deuda pública en el momento de la recepción.