El pleno de la Cámara de Diputados prevé votar hoy la nueva Ley de Amparo con la oposición de cabilderos de empresas que consideran que se afecta a sus intereses, y la negativa del PAN a lastimar al sector privado del país.
La diputada del PRD, Alfa González Magallanes, integrante de la Comisión de Justicia, confirmó la presión que realizan cabilderos de distintas empresas, con el fin de impedir hoy la votación de la ley.
La presión ha venido de bancos y de empresas como Televisión Azteca, confirmaron otras fuentes.
El diputado del PAN, Arturo Salinas, confirmó que el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) se acercó con él para hacerle llegar información, para validar su argumento de que esta reforma les afecta, y proponer una redacción alterna.
El dictamen contiene una reforma integral al juicio de amparo derivado de la reforma Constitucional que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, y que debió completarse en octubre de ese año, es decir, lleva más de un año con cuatro meses de atraso.
La legislación moderniza y adecúa el juicio de amparo para que su tramitación sea más ágil y oportuna, así como para aumentar su protección, ampliando el ámbito de su tutela, protegiendo intereses legítimos de las personas, así como la posibilidad de que haya declaratorias generales de inconstitucionalidad para un beneficio más generalizado.
Con la reforma se refuerzan las facultades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la atención prioritaria de asuntos que le competen, así como el otorgamiento de atribuciones para resolver más rápido la contradicción de criterios.
La polémica se centra en el artículo 129, fracciones 11 y 13, que permiten negar a particulares un amparo cuando se trate de bienes de la nación y se afecte el interés social, lo que para algunos podría afectar a las empresas.
La fracción 11 del artículo 129 señala que ante la intervención de una institución bancaria, no procederá el amparo si se considera una afectación al interés social, mientras que la fracción 13 señala que tampoco procederá en caso de los bienes contenidos en el artículo 27 Constitucional, que refiere a concesiones y propiedad de aguas y tierras nacionales.
El artículo cinco pretende que a cualquier particular que ejerza una facultad exclusiva de gobierno, se le considere como autoridad.
El diputado del PRD, Alejandro Carbajal, advirtió que la fracción 11 “deja a la libre interpretación de la autoridad jurisdiccional” dar o no el amparo. Explicó que el riesgo no sólo es para empresas, sino también para los particulares.
El coordinador del PRD, Silvano Aureoles, informó que “van a favor del dictamen, pues 98% del contenido no tiene problema, aunque hay división en su bancada”.
Los legisladores perredistas llegan con dos abstenciones al artículo cinco y cuatro en el 129.
El coordinador del PAN, Luis Alberto Villarreal, anunció que “van contra de la reforma en el artículo 129, pues no quieren dar un poder excesivo a la autoridad” y adelantó que pedirán que se incluya en la lista de 13 situaciones a los casinos para que no tengan derecho a la suspensión provisional de amparo.
Dijo que así como está el articulado, podrían peligrar empresas al no poder promover una suspensión cuando se trata de explotación de bienes del dominio público, no sólo de comunicaciones, de ahí que adelantó las reservas.
Indicó que una concesión pública del Estado puede ser, incluso, la que permite extraer y distribuir agua potable, “que no es un asunto menor y que tiene que ver tanto en el uso agrícola, como en el uso humano con un tema muy sensible”.
La diputada del PAN, Esther Quintana, confirmó que en su misma fracción hay posturas diferentes.
El PRI mantiene su postura de avalar la reforma. El coordinador Manlio Fabio Beltrones aseguró que “es posible que este martes estemos ya agotando la minuta de la Ley de Amparo. Con esto habremos de enviar de regreso a la Cámara de Senadores esta nueva minuta con tres o cuatro modificaciones, que estoy seguro serán obsequiables por parte del Senado”.