CIUDAD DE MÉXICO, 19 de julio.- La Procuraduría General de la República (PGR) interpuso un segundo recurso de revisión ante el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en contra de Josefina del Carmen Mora Dorantes, juez décimo segunda de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, “al considerar su actuación indebida y excesiva” en el caso del general Tomás Ángeles Dauahare, al haber solicitado pruebas del delito sin que se haya llevado a cabo un juicio.
La dependencia federal dio a conocer, en su recurso de revisión, que “el Ministerio Público de la Federación señala que con su resolución para que la SIEDO responda en un periodo perentorio de 24 horas a las promociones, la juzgadora está prácticamente y por la vía de hecho anticipando el juicio sin haberse realizado éste, incluso adelantando el sentido de una sentencia, lo cual excede a sus facultades”.
La Procuraduría argumenta que por el exceso en que incurrió la citada juez, la dependencia interpuso el recurso de revisión en su contra, al considerar que “incorrectamente en la orden del juez está abordando temas que son el fondo del asunto, lo cual implica un juicio anticipado que deberá resolverse al final”.
La queja que presentó la dependencia encabezada por Marisela Morales Ibáñez señala que la juez “ha solicitado pruebas de la acusación contra el general Tomás Ángeles Dauahare, mismas que se encuentran en fase de investigación y que forman el fondo del proceso penal, y por el cual se encuentra cumpliendo una medida cautelar”.
El pasado martes, la juez Josefina del Carmen Mora Dorantes notificó que dos agentes del Ministerio Público de la SIEDO habían incurrido en desacato al no sustentar las pruebas suficientes que acreditaran la responsabilidad penal del general Ángeles Dauahare en los delitos que se le imputan, por estar presuntamente relacionado con miembros de cárteles del narcotráfico.
La dependencia federal precisó en el recurso de revisión ante el Quinto Tribunal que los representantes del Ministerio Público de la SIEDO dieron cumplimiento a la orden de la juez el 9 de julio pasado, en los términos en que se estimó apropiados y se notificó.
“A pesar de ello, la juez, a petición expresa del defensor de Ángeles Dauahare abrió un incidente siguiendo los lineamientos del defensor y concluyó que se había violado la suspensión porque no se le dio respuesta, en el sentido en el que pretende la defensa, y por ello requirió al representante social para que en 24 horas diera cumplimiento, y además ordenó la vista al Ministerio Público por la probable comisión de algún delito”, preciso la PGR.
En el caso de las peticiones de la juez, se indicó que el Ministerio Público federal no puede atender determinadas peticiones “por no corresponder a la autoridad ministerial o por no ser el momento procesal oportuno para tomar en cuenta las pruebas ofrecidas, ya que las mismas deben ser consideradas y valoradas con la totalidad de las actuaciones que integran la indagatoria y una vez concluida la investigación correspondiente”.
Cabe destacar que el abogado José Antonio Ortega, quien ostenta la defensa del general Tomás Ángeles Dauahare, aseguró que la SIEDO habría incurrido en desacato a una orden judicial, “al no presentar en tiempo y forma las pruebas de descargo que acrediten las acusaciones” en contra del militar, a quien se le acusa de mantener nexos con organizaciones criminales ligadas al tráfico de narcóticos.
De acuerdo con el abogado defensor, Josefina del Carmen Mora Dorantes, juez décimo segunda de Distrito de Amparo en Materia Penal en la capital del país emplazó al Ministerio Público de la SIEDO a cumplir el requerimiento en 24 horas, situación que no ocurrió.
A mediados de mayo, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Procuraduría General de la República confirmaron la detención de los generales Tomás Ángeles Dauahare, quien fue subsecretario de la Sedena de principios de este sexenio y hasta 2008, y del general brigadier diplomado de Estado Mayor, Roberto Dawe González, quien fungía como jefe de Estado Mayor adscrito a la vigésima zona militar en Colima.
Ambos militares de alto rango están acusados y enfrentan juicio ante la autoridad judicial por sus presuntos nexos con los cárteles de la droga.