CIUDAD DE MÉXICO, 26 de octubre.- Más de 70 kilómetros caminaron los padres de los 43 normalistas desaparecidos en distintas rutas por la Ciudad de México, Acapulco, Pie de la Cuesta, Chilpancingo, Iguala y Tixtla, localidad de la Normal Rural de Ayotzinapa, exigiendo el regreso con vida de sus hijos. Hoy cumple un mes desde el primer día que las familias iniciaron su clamor, pero ni los miles de gritos que los acompañaron ni cada paso dado sirvió para volverlos a ver.
Tampoco el eco en cuatro continentes: África, Europa, América y Asia, exigiendo la aparición de los jóvenes retumbó con la suficiente fuerza.
Son más de 59 ciudades mexicanas y más de 20 países como Etiopía, Alemania, Italia, Colombia y Tailandia, que se sumaron en las calles o en internet para que aparecieran.
Los pronunciamientos de instancias internacionales para traerlos de vuelta quedaron de lado: La Organización de las Naciones Unidas (ONU), Amnistía Internacional (AI), WOLA (Washington Office on Latin America); la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Parlamento Europeo, entre otros, han condenado la desaparición.
Ni los paros estudiantiles en apoyo a los normalistas , del ámbito público y privado, han presionado suficiente a las autoridades para encontrarlos.
Universidades como la Ibero, la UNAM, la UAM, el IPN, la Pedagógica Nacional, el Tecnológico de Monterrey, la Autónoma de Chapingo; instituciones de Tlaxcala, Michoacán, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México y las 17 normales rurales del país se solidarizaron con los familiares de los desaparecidos.
La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), que representa a 180 rectores del país, hizo el mismo llamado: la presentación con vida de los 43 normalistas.
Están vigentes dos recompensas millonarias ofrecidas por el gobierno de Guerrero y la PGR, para quien ayude a localizar a los muchachos.
Trescientos agentes federales y miembros de la Gendarmería Nacional están dedicados exclusivamente a la búsqueda de los 43 estudiantes. No han bastado.
Ni un estado de Guerrero convertido en una fortaleza, con el resguardo de tres mil 500 militares, 300 marinos y 900 policías federales logró arrancar de las calles los carteles con la leyenda #HastaEncontralos y las 43 fotografías impresas de los rostros de los jóvenes desaparecidos en Iguala.
Se destituyó a la Policía Municipal en 12 localidades guerrerenses y una del Estado de México.
Las autoridades interrogaron a más de 300 agentes ministeriales de Guerrero, involucrados en el caso, con un saldo de 36 policías detenidos: 22 de Iguala y 14 de Cocula, pero incluso con los cientos de interrogatorios no se ha dado con el paradero de los estudiantes.
Que 25 de los 36 ministeriales detenidos estuvieran tras las rejas de un penal en Nayarit, tampoco cambió el estatus de desaparecidos de los jóvenes.
La PGR capturó a dos líderes del grupo criminal involucrado en la desaparición de los estudiantes: Guerreros Unidos, sin resultados.
Tres políticos fueron destituidos: Ángel Aguirre, gobernador de Guerrero, solicitó licencia, a José Luis Abarca, alcalde de Iguala, se le quitó el fuero, y Lázaro Mazón renunció a la Secretaría de Salud del estado.
Entre los 38 cuerpos que la PGR confirmó en 11 fosas de Pueblo Viejo, Iguala, todavía no hay rastro de algún normalista.
Tampoco se encontró a estudiantes entre las más de 30 fosas encontradas hasta hoy en los cerros de Iguala por la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
Padres de los estudiantes desaparecidos encabezaron al menos siete marchas multitudinarias, ofrecieron cinco conferencias de prensa y dialogaron con los titulares de Gobernación y de la PGR.
Los papás abandonaron el campo y las madres su hogar para dedicar las 24 horas a la búsqueda de sus hijos y siguen sin ellos.
No ha habido un día en que los familiares no rezaron un rosario o hicieron alguna movilización. Escucharon a obispos y a padres oficiar misas con la misma petición y llegaron hasta la Basílica de Guadalupe a rogarle a la Virgen por la vida de sus hijos.
Hubo protestas violentas que dañaron al menos cuatro instalaciones oficiales del gobierno de Guerrero y saqueos en tiendas por parte de manifestantes, que también bloquearon la Autopista del Sol, las casetas de cobro de Palo Blanco y La Venta, radiodifusoras y 25 alcaldías guerrerenses.
Si tantas acciones, si tantas instancias destinadas a encontrar a los jóvenes y miles de personas exigiendo la aparición de los normalistas no sirvieron en 30 días para devolverle a 43 familias los hijos que tanto lloran, entonces qué es lo que falta por hacer.
Treinta días después, el grito sigue siendo: “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”.